La Ley 1-24 interpela las fuerzas progresistas y los demócratas consecuentes y plantea luchar por su derogación

Por Gregorio Moya E.

Hace tres meses el Servicio de Seguridad de Ucrania, controlado por el presidente Zelensky, me acusó en rebeldía de traición a causa de mis opiniones vertidas en redes sociales y en entrevistas; se consideraban extremadamente peligrosas para el actual Gobierno ucraniano. (Maxim Goldarb. 27/01/2024. https://rebelion.org/las-verdaderas-causas-de-la-guerra-de-ucrania-y-sus-consecuencias-para-el-mundo/) Eso es lo que pasa cuando una entidad como la recién creada Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), por el congreso mediante la Ley 1-24. Perversa ley de la cual la mayoría de los senadores y diputados son responsables, de todos los partidos, excepto el diputado Juan Dionisio Rodríguez y su partido el Frente Amplio.

El presidente, cualquier presidente, podrá usar la ley como ha sido costumbre de los presidentes, en favor de los grupos y clases de los que forman parte y en el suyo propio. Hay que recordar que el hoy todopoderoso FBI, un organismo de inteligencia se dedicó principalmente a perseguir a los comunistas o a quienes se les parecieran, descuidando el combate a la delincuencia común y a la mafia de la cual este organismo fue cómplice en muchos aspectos por su coincidencia en el combate del comunismo. Hay que tener en cuenta la tenebrosa DINA que fue el organismo de inteligencia de la dictadura de Pinochet y responsable de miles de asesinatos políticos. Pero aterrizando en nuestro suelo y nuestra historia, el Departamento Nacional de Investigaciones fue uno de los aparatos controlado por la CIA para descabezar y desmembrar el movimiento revolucionario dominicano, involucrado en los asesinatos de cientos de revolucionarios, personas democráticas y desafectos del régimen dictatoria de Balaguer. El DNI continuó en la llamada apertura democrática a partir de 1978, y aún continúa expiando a los lideres de oposición, a los revolucionarios y a los lideres populares, prestando ese servicio, tanto a los que están en el gobierno, como a la CIA, Departamento de Estado y otros organismos del imperialismo yanqui. El peligro para las conquistas democráticas que significa la Ley 1-24 debe ser ponderado por las organizaciones revolucionarias, progresistas y populares. Los diputados progresistas, los demócratas consecuentes en el congreso pueden desandar sus pasos y tomar la iniciativa de modificar esta ley, incorporando a la misma los dispositivos que garanticen los derechos democráticos, a la intimidad, y a la entrega de un suprapoder al poder ejecutivo que sin dudas saldría altamente nocivo para la convivencia política y social en el país. Ya una parte importante de la sociedad se ha manifestado contraria a esta ley, incluso partidos que la aprobaron de forma acrítica se han visto obligado a ir en la corriente mayoritaria de la población y las instituciones. La frase de que nos equivocamos todos del presidente de la Cámara de Diputados en rueda de prensa junto a sus colegas de partido muestra que esta ley es indefendible y que ha sido derrotada la misma. Las organizaciones progresistas deben tomar la iniciativa y actuar en consecuencia de sus principios democráticos.

Las organizaciones sociales que han denunciado esta monstruosidad del congreso deben continuar incidiendo y pasar a la movilización social, de un palo que se veía venir y que no se hizo nada para detenerlo. Hay que ir al Congreso a demandar una modificación de la ley. Hay que ir al Tribunal Constitucional para garantizar en este organismo los derechos que esta ley conculca.

Hay que interpelar a los congresistas que repiten en sus cargos ante la atrocidad cometida, para que haya consecuencia de su compromiso con una ley inconstitucional, antidemocrática, que vulnera. Hay que actuar en varios frentes para derrotar la tiranía legalizada por ese congreso de mierda que nos embarra a todos.