La ley no faculta al MAP a solicitar información sobre contratos y facturas de empleados

Por Gregorio Moya E. La Ley 41-08, en su artículo 1, establece que su objeto es “regular las relaciones de trabajo de las personas designadas por autoridad competente para desempeñar los cargos presupuestados para la realización de funciones públicas en el Estado, los municipios y las entidades autónomas, en un marco de profesionalización y dignificación laboral de sus servidores”. El Ministerio de Administración Pública debe ceñirse a lo que la ley establece y no aventurarse en iniciativas que no le competen. De manera irregular, el Ministerio de Administración Pública (MAP) instruyó a los organismos gubernamentales a recopilar datos sobre el cumplimiento de pago de servicios públicos, como el agua y la energía eléctrica, por parte de los empleados del Estado. Esta no es una función de este ministerio, que debe circunscribirse a regular las relaciones de trabajo y el desempeño de los cargos, en un marco de profesionalización y dignidad laboral. El artículo 8 de la Ley 41-08 establece cuáles son las atribuciones del Ministerio de Administración Pública, dentro de las cuales no se encuentra la obligación de que los empleados reporten a las instituciones públicas donde laboran los contratos de agua y energía eléctrica que poseen. Tampoco están dentro de las competencias y funciones del MAP recopilar información personal y contractual con terceros de los empleados de la administración pública. El MAP debe concentrarse en lograr mejoras en la Función Pública, en el fortalecimiento institucional y en realizar de manera efectiva la evaluación del desempeño institucional de forma objetiva. El Ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, establece erróneamente que "es importante que cada empleado presente las facturas correspondientes, ya que esto permitirá llevar un registro más preciso y facilitará la gestión administrativa". Sin embargo, el MAP no es un agente de cobranza de las facturas de entidades a las que les corresponde dicha función. El MAP debe dedicarse a responder a las necesidades de formación y capacitación del talento humano de la administración pública, así como a asegurar la estabilidad, seguridad y bienestar laboral, mejorar los ingresos y garantizar la dignidad y derechos laborales establecidos en la ley de servicio público. Estas medidas no fortalecen la capacidad institucional de la administración pública que le permita generar valor en las instituciones, que permita que el Estado a través del servicio público garantice derechos a la ciudadanía. Y es que los empleadores sólo podrían solicitar informaciones a los empleados de tipo contractual si estos contratos pueden afectar el desempeño laboral o la relación contractual entre el empleado y la empresa. Esto es particularmente relevante en sectores donde los empleados pueden tener conflictos de interés o donde se requiere transparencia. Ese no es el caso del MAP exigir que los empleados de información de contratos y facturas de agua y electricidad. En el caso de empleados públicos, la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones establece principios de transparencia y publicidad en las contrataciones del Estado. Si un empleado público tiene un contrato con un tercero relacionado con su función pública, puede ser legalmente requerido que revele dicha información. Pero este tampoco es el caso. El Ministro Sigmund Freund debe dejar sin efecto la disposición por carecer de fundamento legal, por ser una extralimitación al atribuirse funciones que no le corresponden desde el punto de vista legal e institucional.

Armao' bebio' y con cuarto', en la dirección de la DIDA

Por Gregorio Moya E.

La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) tiene como visión: “ser la entidad referente en el desarrollo de un modelo integral de atención ciudadana, cultural y educativo en Seguridad Social, para el reconocimiento y acceso al derecho universal y constitucional de la población dominicana”. Sin embargo, el recién designado director de la DIDA, el señor Elías Báez, llega al cargo con un historial cuestionable: un exdiputado que se ha hecho notar “armao’, bebío’ y con cuarto'”. Su conducta no encarna los valores de comportamiento ciudadano, cultural y educativo que deberían caracterizar al principal funcionario de una entidad orientada al reconocimiento de los derechos de los dominicanos en seguridad social. Pero eso no es todo. Durante su gestión como diputado, Báez propuso un fondo para cubrir los costos de atención en cuidados intensivos de los pacientes, lo que podría parecer una medida en beneficio de la población. En realidad, la iniciativa protegía a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), ya que les permitía evitar el desembolso de recursos de la clase trabajadora, incrementando así sus ganancias. Esto refleja que, más allá de una intención de apoyo social, el funcionario parece desconectado de las necesidades de los afiliados y afiliadas de la seguridad social. La Coalición por la Seguridad Social Digna ha rechazado su nombramiento, argumentando que la trayectoria y prácticas del nuevo director no corresponden con el perfil requerido para el puesto. Ojalá que se escuchen las voces de las entidades comprometidas con la población y, especialmente, con los más humildes de esta nación, que merece un mejor destino.

DESINTERÉS DE LA JUVENTUD POR LA POLÍTICA

Por Gregorio Moya E.

Hay un malestar acerca del desinterés de amplios sectores de la población por la política, principalmente ese desinterés se verifica en la juventud. A la juventud, en general, no le interesa la política; para muchos, incluso, resulta una molestia. La música, los deportes, compartir entre sus pares e involucrarse en actividades que implican retos, e incluso peligros, son los intereses predominantes entre los jóvenes.

Otra cosa que no es de interés para la gran mayoría de los jóvenes es la religión. Solo el 24% tiene interés en ella. Qué tendrán en común la política realmente existente y la religión que no son de interés para los jóvenes. Tal vez deberíamos preguntarnos, como lo hizo Michel Foucault en su famoso debate con Noam Chomsky en 1971: ¿de qué manera me intereso por la política?

Por la política, la mayoría de la población lo que mira es juego de tronos, guerras de intereses particulares o de grupos. Y nosotros, los revolucionarios, como expresó Chomsky en el debate referido, tenemos como tarea “comprender cabalmente la naturaleza del poder, la opresión, el terror y la destrucción en nuestra propia sociedad”, y esa comprensión no la hemos logrado, por ceguera ideológica, por desinterés de ahondar en el conocimiento de la realidad política, que debe plantearnos saber qué ideas tiene la población de la política, a partir de sus vivencias, sus percepciones.

No obstante el desinterés de la juventud por la política, que tanto nos inquieta, un dato es que las grandes luchas y cambios, han estado catapultadas por la juventud, por lo que habría que preguntarse, qué lleva a la juventud a participar y movilizarse políticamente y que los margina o auto margina. En efecto, las grandes luchas que han conmovido la sociedad dominicana han estado protagonizadas por la juventud. Lucha por el 4% y Marcha Verde, para solo mencionar dos de las más emblemáticas conmovieron la sociedad dominicana, y la segunda significo la caída del PLD del gobierno que por 20 años dominó la política dominicana.

El 70% de los jóvenes dominicanos afirmó que la política tiene poca o ninguna importancia para ellos. Un porcentaje similar indicó que rara vez sigue la información política en los medios. Predomina una baja confianza en las instituciones, principalmente en los partidos políticos y el gobierno. (IDEICE, 2022). Este estudio refiere que el 65% de los jóvenes está en desacuerdo o muy en desacuerdo con que los políticos tienen en cuenta las ideas e inquietudes de los jóvenes, y el 62% afirmó que la ciudadanía tiene poca o ninguna incidencia en las decisiones del gobierno. Sin dudas que estos datos ameritan otros abordajes a profundidad, para comprender las causas del desinterés de la juventud por la política. Pero los datos son contundentes. Los jóvenes no se sienten reflejados ni representados por la política ni por los políticos. Se puede percibir cierto grado de ajenidad de la juventud con relación a la política. Pero, cuando vemos el grado de importancia que confieren los estudiantes a una serie de aspectos de la sociedad, de la política y de su vida, nos damos cuenta que estos son problemas colectivos, de abordaje político, aunque sea solo para el 29% que la política es muy importante o bastante importante. El gráfico siguiente muestra que hay aspectos relevantes para la política revolucionaria, como es la importancia a llevar una vida moral y digna que respondió el 61% de los encuestados, o la igualdad social que es de los aspectos importantes de la sociedad para el 57%.

De manera que, no debemos contentarnos con la conclusión de que a la juventud no le interesa la política, porque lo que puede estar ocurriendo es que no le interesa la política como la vemos y como la practicamos los que ya no somos jóvenes. Debe preocuparnos que según la encuesta de juventud, la participación de los jóvenes en las asociaciones o colectivos es limitada, oscila entre 2% y 8%. Las organizaciones de carácter benéfico-social son las que cuentan con una mayor participación (8.1%), seguida de los partidos políticos (6.2%) y las de tipo artístico o cultural (5.3%). Por el contrario, cuentan con una menor participación los sindicatos y las ecologistas (2% cada una).

La experiencia en organizaciones y actividades colectivas puede ser un marco para desarrollar sensibilidad y compromiso colectivo o social, que es un aspecto que está en los fundamentos del interés político, que es el interés por la sociedad, el país, la nación y el pueblo.

De manera que, debemos plantearnos, con Foucault, de qué manera se interesan o interesarían los jóvenes por la política, por las actividades sociales y del país. Quizás por ahí encontremos las respuestas y soluciones a estos interrogantes.

España sacrificó siempre a Santo Domingo

Por Gregorio Moya E.

En relación a España y la colonia de Santo Domingo, el académico José Vásquez Romero establece: “Las prolongadas guerras europeas en las que Francia y España mantuvieron rivalidades por el control de diversos territorios ultramarinos trajeron como consecuencia varios tratados que repercutieron decisivamente en el destino de sus respectivas colonias en la Isla de la Hispaniola”.

Agregamos que, en esas prolongadas guerras y conflictos entre los colonizadores, Santo Domingo, como una de sus colonias fue sacrificada, sufriendo con ello la población que vivía en ellas. En efecto, en sus luchas contra otros imperios coloniales, la Corona de España sacrificó a Santo Domingo en varios períodos de la historia. Esas guerras entre imperios coloniales tenían como motivación el control y la repartición del mundo. Y, si para mantener el dominio de una parte del mundo era necesario sacrificar colonias, lo hacían. En ese sentido, el Reino de España sacrificó a Santo Domingo en distintos momentos. En efecto, mediante el Tratado de Ryswick en 1697, España cedió la parte occidental de la isla a Francia a cambio de recuperar Cataluña, que había sido invadida y ocupada por los Borbones de Francia. Es decir, esta no era una provincia del Reino de España que debían defender, sino una colonia que podían sacrificar. Posteriormente, el Acuerdo de San Miguel de la Atalaya, firmado el 29 de febrero de 1776 entre los gobernadores de las colonias española y francesa en la isla de La Española, buscaba establecer límites territoriales entre Santo Domingo y Saint-Domingue. Este acuerdo fue un paso crucial en la delimitación de la frontera, ya que no existían fronteras definidas desde el Tratado de Ryswick en 1697, que solo reconocía la presencia francesa sin fijar límites claros. Es decir, el sacrificio de una parte de su colonia, se hizo sin medidas ni límites. El acuerdo fue ratificado el 3 de junio de 1777 en Aranjuez, España, donde se formalizó la separación territorial entre las dos colonias. Este tratado, conocido como el Tratado de Aranjuez, consolidó lo acordado en San Miguel y estableció límites permanentes. Francia consolidó su control sobre la parte occidental de la isla, lo que hoy es Haití, mientras que España mantenía su dominio en el este. Todo esto, acuerdos entre poderosos.

El Tratado de Basilea, firmado el 22 de julio de 1795 en la ciudad suiza de Basilea, fue un acuerdo crucial entre la República Francesa y el Reino de España, que puso fin a la Guerra de la Convención (1793-1795). Este conflicto tuvo un impacto significativo en la monarquía española, resultando en la ocupación de varias provincias, incluyendo las Vascongadas y parte de Cataluña, por las fuerzas francesas. Pero el de mayor impacto fue en la isla que hoy ocupan dos pueblos, dos naciones, dos Estados. España recuperó los territorios ocupados por Francia en el norte de la península ibérica, pero cedió su parte oriental de la isla de La Española (actual República Dominicana) a Francia. Esto significó que toda la isla pasó a estar bajo control francés, completando así una división territorial que se había prolongado desde el Tratado de Ryswick en 1697. Es decir, sacrificaron la colonia y a sus pobladores, desentendiéndose de ellos. Aunque los hispanófilos nos quieran decir lo contrario, lo cierto es que los habitantes de esta isla, sobre todo los criollos, no eran considerados españoles.

A propósito de ello, Juan Bosch consideró con justeza que estos acuerdos reflejaban los "fríos cálculos del egoísmo" de los líderes españoles, quienes priorizaron sus intereses sobre el bienestar de la población. Según el destacado historiador, literato y político, luchador por la democracia y los derechos del pueblo dominicano, estos acuerdos representaban un acto de despojo que ignoraba los derechos e intereses de la población local. Bosch consideraba que esta decisión fue tomada sin consultar a los pobladores, quienes se vieron afectados por las decisiones de poderes coloniales.

Juan Isidro Jiménez Grullón, historiador y político igualmente comprometido con las luchas por la libertad y los derechos del pueblo dominicano, coincide en que con el Tratado de Aranjuez se legitimó la ocupación francesa, todo dentro del esquema colonial de dominación existente. Desde entonces, el colono español y el colono francés se repartieron el territorio, como claramente lo dice en su obra, La República Dominicana (Análisis de su pasado y su presente). Y es que, como dice Jiménez Grullón, las colonias “no eran ya simples apéndices de la metrópoli, sino zonas sometidas a una explotación intensiva bajo el control de los representantes de esta. Carecían de independencia o autonomía. Los gobernantes locales mostraban obediencia —por lo menos relativa— a los dictámenes de la Corona, y los habitantes originarios fueron aniquilados o sometidos a la servidumbre o a la esclavitud”.

Como zonas de explotación, las colonias podían ser sacrificadas y entregadas a otros imperios colonizadores, siendo esto la mayor y más intensa explotación y despojo que puede considerarse, porque de un golpe se deshacían de ellas para su propio beneficio colonial. De manera que, es continuando descolonizando la nación y la sociedad dominicana que podremos completar la obra de una República truncada, muestra del fracaso de las clases dominantes y el sistema instaurado. Como dijo certeramente Bosch, “no somos nosotros los que hemos fracasado; ha sido el sistema social, económico y político en que hemos vivido”, y los revolucionarios tenemos la tarea de transformar este sistema social, económico y político, para alcanzar una nación libre, soberana, justa y solidaria, porque sin dudas, los imperios de ayer y el imperialismo de hoy la sacrificarían mil veces para su beneficio.

Embargo cuentas de ADP por el ministro de educación, un precedente ominoso

Por Gregorio Moya E. La humanidad vive una de las amenazas más crueles, como es la red mundial fascista, como la llamó la vicepresidenta Ejecutiva de la República de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien además consideró dicha red mundial fascista, como el cartel internacional del fascismo”. En ese marco global se produjo el embargo de las cuentas bancarias de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) por parte del ministro de educación. El más alto funcionario de educación justificó esa medida en respuesta a la “suspensión de la docencia en Barahona, iniciada al comienzo del año escolar por parte de la ADP”. Pero hay más, el señor Ángel Hernández en su calidad de ministro de educación señaló que la paralización de clases en Barahona, así como en Azua y San Francisco de Macorís, ha sido impulsada por una facción minoritaria de la ADP, que utiliza los paros como estrategia para promover a sus candidatos, lo que atenta contra el derecho de los estudiantes a una educación de calidad y la continuidad del calendario escolar. O sea, el ministro de educación se inmiscuye en la contienda electoral de la ADP intentando obstruir con el embargo de las cuentas bancarias, las elecciones establecidas estatutariamente en dicho gremio. Esta acción jurídica que afecta las finanzas de la ADP y el mejor desempeño no está dentro de las funciones del ministro de educación, hacer eso es atribuirse funciones que no le corresponden, lo cual puede ser considerado como usurpación de funciones o exceso de autoridad por parte del funcionario. Este tipo de acciones son similares a las que se vienen tomando en la Argentina gobernada por Milei, que tiene una clara orientación fascista en su gobierno. Es por ello que el embargo de cuentas para enfrentar protestas del magisterio es un ataque de tipo fascista inaceptable y que no debe dejarse pasar por parte de la población. Este es un precedente que debe recibir la sanción del movimiento social con un rotundo rechazo, y sobre todo, promoviendo la participación activa de los maestros en su gremio y de manera especial, en las elecciones de este 9 de octubre, amenazadas por la prepotencia y el abuso de poder, mediante uno de los mecanismos de la derecha internacional, la judicialización. Hay que defender y preservar la ADP como gremio, independientemente de quienes dirijan el mismo. La ADP es una conquista de la clase trabajadora docente y del pueblo que en distintos momentos y por distintas vías ha apoyado dicho gremio.

Dio Astacio: Insultante y discriminatorio por capacidad económica

Por Gregorio Moya E.

Diario Libre en su edición digital del martes, 8 de octubre de 2024, trae las siguientes declaraciones del Alcalde Dio Astacio: “Si le duele tanto su tumba, vengan y límpielas, que nosotros lo que hacemos es limpiar las áreas comunes", así se expresó el alcalde de Santo Domingo Este ante la crítica de que el cementerio Cristo Salvador está lleno de yerba.

Al parecer, su carrera de pastor le hace pensar que los ciudadanos son borregos a los que el puede apacentar con insultos. Pero además del agravio frente a la crítica, el alcalde Dio Astacio anuncia la construcción de 1000 osarios en la parte céntrica del cementerio Cristo Salvador, y otros 1000 para personas de mayor capacidad económica en la parte frontal del cementerio. Suponemos que estos osarios para personas de mayor capacidad económica son mas cómodos, lo cual establece una diferencia contraria a la igualdad en el acceso a los servicios públicos que tiene la población. Hasta para morirse hay que tener suerte dice un refrán popular. Esta decisión del Alcalde Dio Astacio es contraria a lo establecido en la Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios en el artículo 6 letra K que de manera inequívoca dice: “Equidad Social. En el ejercicio de sus competencias los ayuntamientos en todas sus iniciativas priorizarán los grupos socialmente vulnerables, garantizándole el acceso a oportunidades para la superación de la pobreza”. Este anuncio choca con el derecho a la igualdad establecido en el artículo 39 de la Constitución de la República Dominicana que dice: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal”. Pero para se más claro, el numeral 1 del citado artículo establece: “La República condena todo privilegio y situación que tienda a quebrantar la igualdad de las dominicanas y los dominicanos, entre quienes no deben existir otras diferencias que las que resulten de sus talentos o de sus virtudes”.

Y tener “mayor capacidad económica” no constituye un talento o virtud que establezca diferencia para tener acceso a una obra pública, sea esta del gobierno central o de los ayuntamientos. De manera que, hay que rechazar este proyecto de construir dos tipos de osario, porque diferencia las personas por su capacidad económica, lo cual es contrario a la Constitución y a la misma ley que norma los municipios y el gobierno municipal. Es importante que los sectores progresistas de Santo Domingo Este se pronuncien al respecto, que los ciudadanos y ciudadanas de este municipio reclamen sus derechos, que no solo son insultados por el Alcalde Dio Astacio, sino que establece privilegios contrario al derecho a la igualdad.

¿Reforma constitucional para qué? Para blindar y ampliar derechos

Por Gregorio Moya E.

La realidad dominicana nos dice que es necesario avanzar en mecanismos para garantizar derechos ya establecidos en la Constitución vigente.

Si hay que hacer reformas, estas deben versar en blindar y ampliar los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales, del pueblo dominicano. Si no es para eso, la reforma constitucional no sirve para nada.

La reforma constitucional debe servir para asegurar la igualdad entre los géneros y el respeto a la diversidad. Si es para reforzar el patriarcalismo y las distintas formas de dominación en la familia, las instituciones, los medios productivos, entonces es contraproducente una reforma constitucional.

Si no es para reforzar la sostenibilidad ambiental y la protección de la naturaleza y conferir al Estado y al Gobierno las obligaciones y marcar las tareas para ello, entonces, no a la reforma. La reforma constitucional debe ser para que el Estado tenga como función principal, la de asegurar las bases materiales para el ejercicio de los derechos fundamentales, los mecanismos institucionales para hacer expedito la satisfacción de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas.

Y para lograr esto es necesario que el pueblo se constituya en fuerza para sí, que identifique sus propios intereses, que canalice las formas de exponerlos y defenderlos. Es decir, es necesario el poder constituyente desde abajo, desde el pueblo. Ese poder constituyente se conforma y configura paralelo al existente, con capacidad de presión para imponer al poder constitucional las medidas y transformaciones necesarias. Ese camino si garantiza una reforma constitucional que responda a las necesidades y aspiraciones del pueblo dominicano.