Si no hay siembra, no habrá cosecha para las fuerzas progresistas

Por Gregorio Moya E.

Uno cosecha lo que siembra. Eso es verdad en todas las áreas de la vida. Al parecer, las fuerzas progresistas no están sembrando, o están sembrado poco, o lo están haciendo a escondidas, como ladrón en la noche.

Resulta que es tan poco lo que estamos sembrando desde los sectores revolucionarios y progresistas, que no se escucha nada o se escucha muy poco. Mientras tanto en la cueva de los partidos del sistema el laborantismo no se detiene. La propaganda, las acciones en las calles y los medios de comunicación, los amarres y todo tipo de acción política las vemos y nos arropan. La de los partidos es una acción política movida por dinero. Pero no deja de ser acción política. Ha pasado un desastre por la lluvias cuantiosas, que según las autoridades ha dejado 30 muertos y miles de millones en perdidas materiales. De esa conmoción los revolucionarios estamos ausentes. No hemos impreso ni siquiera un volantico de orientación, ni un acercamiento a las comunidades afectadas. El presidente anuncia una recontratación de la concesión del aeropuerto internacional Las Américas por 30 años más. Hay denuncias, análisis, posiciones. Y las fuerzas progresistas no tienen una posición seria sobre el problema. Por lo menos no la han hecho pública. Las elecciones son para febrero, el primer round, el de las municipales, las más complicadas de las elecciones. Para mayo son las de presidente y al congreso. Hay poca siembra de las fuerzas progresistas. Y se cosechará lo que se siembre. Recuerdo la expresión poética de un amigo que decía: Qué cárcel nos mantiene presas y sueltas las manos. Así estamos, con las manos sueltas y haciendo poco, como si estuvieran presas.

Asambleas del Presupuesto Participativo 2024 no deben ser suspendidas

Por Gregorio Moya E.

Mediante un anuncio por las redes, el Ayuntamiento del Distrito Nacional suspendió las asambleas del presupuesto participativo, justificando dichas medidas a que todos los esfuerzos están concentrados en la recuperación del Distrito Nacional ante el paso del disturbio tropica. Sin dudas que la recuperación de los daños producidos por las lluvias ocurridas principalmente en sabado 18 de noviembre del presente 2023 es la prioridad en el momento actual. Pero que sea una prioridad no significa que se concentren todos los esfuerzos en la recuperación, y que los espacios de participación ciudadana y comunitaria se vean como un aspecto que limita o colide con los esfuerzos de recuperación del Distrito Nacional. Desde la óptica de la participación democrática estas asambleas que se suspenden contribuirían considerablemente con la recuperación, no la inmediata, sino la recuperación integral, incluyendo el activismo ciudadano que genera compromiso social, el cual es fundamental para dicha recuperación. La participación ciudadana y el activismo social, y las asambleas como medios directos de participacción son medios que posibilitan la reciliencia social. Como señala Ponce 2021: “Diversos estudios han destacado la importancia de la resiliencia comunitaria en la confrontación de catástrofes y desastres colectivos, las que además van generando impacto en el bienestar subjetivo de los individuos que se han visto afectados . La resiliencia comunitaria “se trata de la condición colectiva para sobreponerse a desastres y situaciones de adversidad y construir sobre ellas; implicaría una visión de problemas como oportunidades, solucionables y que se pueden hacer frente. Existen múltiples definiciones de resiliencia comunitaria, algunos autores la definen como la existencia, desarrollo y compromiso de los recursos comunitarios por los miembros de la comunidad para enfrentar un ambiente adverso” . Así las cosas, no tiene justificación la suspensión del ayuntamiento a las asambleas del presupuesto participativo. Porque si bien, reiteramos, las acciones de recuperación son prioritarias, no significa que el ayuntamiento no hará otra cosa, desconociendo con ello las múltiples responsabilidades que tiene el ayuntamiento, las cuales pueden ser pospuestas, pero no canceladas como se informa. Es necesario un cambio en la modalidad de las asambleas del presupuesto participativo

Estas maniobras de suspensión se producen porque las asambleas están bajo el control monopólico de esas asambleas la alcaldía del Distrito Nacional, que ha mostrado muy poco interés en este espacio, y por ello aprovecha cualquier justificación para obstruir la participación ciudadana y comunitaria. Por ello es necesario cambiar las prácticas y normativas de la organización, convocatoria y dirección de las mismas, para que dejen de ser mecanismo de captura y manipulación de la voluntad ciudadana. Deben hacerse los cambios en la normativa actual de las asambleas del presupuesto participativo, en el que se garantice la participación libérrima de las organizaciones comunitarias, sin intervenciones del ayuntamiento, que no sea para dar sostén técnico a las agendas comunitarias, que deben sustentar el presupuesto participativo, superando con ello las listas de obras que en muchos casos desvirtúan el carácter participativo del presupuesto. Pero respondiendo a la coyuntura actual y las inquietudes de la ciudadanía, de lo que se trata es de demandar la convocatoria de las asambleas del presupuesto participativo, aunque ello sea corriendo las fechas a una semana. De no obtemperar a dicha solicitud el ayuntamiento, las asambleas deben ser autoconvocadas por las organizaciones que integran las mismas en cada comunidad. Como decíamos en un trabajo anterior, los municipios como concreción política e institucional de la localidad, es el espacio idóneo para la articulación social y la concertación política progresista.

PODER MUNICIPAL: PODER CIUDADANO, AUTOGOBIERNO Y DEMOCRACIA (2)

Por Gregorio Moya E. La seguridad ciudadana y la participación democrática en el municipio: “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles Una de las preocupaciones más importantes de la ciudadanía es el relacionado con la seguridad. La seguridad en el lugar de residencia es un determinante esencial de bienestar individual y confianza en las instituciones según la OCDE, 2020. Una de las características de la realidad actual es la inseguridad de la ciudadanía y la desconfianza en las autoridades, por las evidencias de la inacción, incapacidad o complicidad de las mismas con el crimen organizado, el raterismo común y las distintas formas de delincuencia que conforman el clima de inseguridad que vive la población.

El Proyecto Regional PNUD Infosegura da cuenta que en República Dominicana, para el 2021 la cantidad de muertes causadas por homicidios, suicidios y muertes accidentales incrementaron en 480 casos en el último año respecto al anterior, siendo los cambios más altos los reportados como causa de homicidios con un crecimiento de 211 casos (+22%). Para el 2022, los datos sobre la inseguridad informan que para ese año se verificó un agravamiento de la situación, como podemos ver a continuación: • Entre enero y septiembre de 2022, se registraron 199 víctimas más en comparación al mismo periodo del año anterior • El 89.0% de las víctimas son hombres, el 11.0% mujeres • En promedio, se registran 116 víctimas al mes, 22 víctimas más al mes en comparación al mismo periodo del año anterior • El 54% de los homicidios dolosos se comete utilizando un arma de fuego, el 32% con un arma blanca, un 12% con otros métodos y se desconoce el arma utilizada en el 2% de los casos. • Las provincias de mayor ocurrencia son: Santo Domingo (294 casos), Distrito Nacional (134 casos), Santiago (102 casos) y San Cristóbal (57 casos). Mujeres y jóvenes los más afectados Según el proyecto Infosegura, las víctimas de homicidios fueron principalmente mujeres y jóvenes. En 2021, 6 de cada 10 homicidios de mujeres fueron tipificados como feminicidios. Las personas jóvenes entre 20 y 29 años son las principales víctimas de homicidio, se reportó un considerable aumento de 24.4% respecto al 2020 (+76 víctimas). Ante esta situación los gobiernos municipales están al margen y no prestan atención a la seguridad ciudadana. Los ayuntamientos al día de hoy prestan poca o ninguna atención a los determinantes de la delincuencia que son de su incumbencia, como es una policía municipal que se dedique a la seguridad ciudadana, y no a la extorsión de humildes vendedores y de extranjeros pobres. Los ayuntamientos tampoco brindan servicios que aseguren entornos seguros, como es la iluminación, calles y aceras adecuadas, limpias y seguras. Los ayuntamientos no contribuyen a la gestión de información y su intercambio con la distintas entidades y la ciudadanía en el tema de la seguridad ciudadana y la prevención del delito. Los grupos y sectores vulnerables al delito y la inseguridad no son tomados en cuenta por el poder municipal hasta el día de hoy. Las personas con discapacidad, las mujeres, los niños y envejecientes pasan desapercibidos por las acciones, planes y programas de los ayuntamientos del país. Las trabajadoras sexuales, la comunidad LGTB y los extranjeros (pobres y haitianos, y una que otra venezolana) son también vulnerados y víctimas de la violencia delincuente, incluyendo de las autoridades del orden. La inseguridad ciudadana es un factor limitante de la participación ciudadana, la democracia y el autogobierno ciudadano, toda vez que esta situación limita la acción social, la vida en comunidad y saca de los espacios públicos a la población, confinándolo en sus casas. La seguridad ciudadana es un derecho que debe ser levantado por las candidaturas progresistas para estas elecciones de febrero de 2024, generar propuestas innovadoras de soluciones para la seguridad ciudadana y justicia. El combate de la inseguridad ciudadana debe tener un enfoque de justicia y derecho, que se fundamente en las mejores políticas y que se procure en la lucha por mejorar el bienestar en las ciudades para todos. Esto amerita desarrollar una estrategia coherente, integrada y efectiva para construir ciudades seguras. La seguridad ciudadana debe ser parte del proceso de “mejora del acceso de todos los residentes y usuarios urbanos - independientemente de su género, edad, origen étnico o estado de salud - a impulsores de inclusión social como servicios públicos locales, viviendas asequibles de calidad, transporte, educación, salud, empleo y oportunidades económicas, patrimonio y servicios culturales, ocio y espacios públicos seguros” (OCDE, 2020) Es decir, la seguridad ciudadana se logra con acciones globales, que toma en cuenta los múltiples determinantes del conflicto con la ley y la convivencia. No son acciones separadas de las políticas públicas en sentido global, parte de la totalidad de las políticas de Estado de bienestar, progreso y democracia. Como postulan los Principios de la OCDE sobre Política Urbana 2020, es necesario “alinear e integrar políticas sectoriales y así promover conjuntamente el desarrollo y el bienestar en las ciudades”. Esto incluye mejoras en lo laboral, la calidad educativa, la cultura, el transporte, la salud, el mejor uso del suelo y el entorno, la equidad. Una revisión de la literatura de más de 400 estudios interdisciplinarios muestra que el desarrollo urbano compacto tiene efectos positivos en la mayoría de las dimensiones (desde productividad y accesibilidad laboral hasta eficiencia energética y salud). (OCDE, 2020). En fin, en los términos de los objetivos de desarrollo sostenible, se debe tener en el horizonte el objetivo 11 que propone: “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”. Como plantea el plan de acción de Quito para la nueva agenda urbana, se establece el compromiso de “promover un entorno seguro, saludable e inclusivo en las ciudades y los asentamientos humanos que permita a todos vivir, trabajar y participar en la vida urbana sin temor a la violencia y la intimidación, teniendo en cuenta que las mujeres y las niñas, los niños y los jóvenes y las personas en situaciones vulnerables suelen verse especialmente afectados”. Todo esto es posible si se fortalecen los mecanismos de participación popular, ampliando los mismos y creando nuevos, que superen el delegacionismo y representación que no son más que mecanismos de captura de la voluntad popular y reproducción de un modelo democrático autoritario y de burocracias que funcionan alrededor de intereses particulares. La participación democrática es hoy más posible alcanzarla en el nivel municipal, que los gobiernos locales sean del pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Entre los instrumentos de participación de la población están la discusión cada vez más amplia de los presupuestos, no sólo el limitado e incumplido presupuesto participativo, la ejecución de obras con participación social, el monitoreo y la auditoria social. Y lo fundamental, el desarrollo de las organizaciones territoriales y sociales en cada localidad y sector. Hay que estar claro que “El "reclamo social" es una forma de orientar las políticas municipales”, de incidir desde la sociedad, como dice Guillén López. El reclamo social incluye la movilización social y política, la incidencia en los medios de comunicación y las distintas formas de incidencia social y política desde las comunidades y los sectores sociales. En fin, los municipios como concreción política e institucional de la localidad, es el espacio idóneo para la articulación social y la concertación política progresista, a la cual deben abocarse los sectores progresistas para conformar candidaturas progresistas. Esto parece irrealizable o poco viable a tan poco tiempo de las votaciones de febrero de 2024. Pero lo cierto es, que solo por ese camino se pueden construir candidaturas alternativas, verdaderamente críticas y transformadoras.

PODER MUNICIPAL: PODER CIUDADANO, AUTOGOBIERNO Y DEMOCRACIA (1)

Por Gregorio Moya E.

Las fuerzas progresistas han decidido participar en las próximas elecciones de febrero de 2024 con candidaturas propias, en alianzas múltiples y diversas, salvo el caso del Patria Para Todos que no pactaría con partidos del sistema. Es momento de retomar el planteamiento del Padre de la Patria, Juan Pablo Duarte, de concebir el poder municipal como el cuarto poder, diferenciado y con atribuciones y capacidad de decisión propios, independientes, como lo son el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo. Considerar el poder municipal como cuarto poder, como la mayoría de los principios duartianos, ha sido olvidado y sobre todo combatido, por los gobernantes y representantes que hemos tenido en los tres poderes existentes. El poder municipal como cuarto poder, se basa en otro principio duartiano, el que más lo distingue de todos sus contemporáneos: la idea de que el pueblo dominicano puede autogobernarse y ser independiente. La constitución de la República Dominicana promulgada en fecha trece (13) de junio del año dos mil quince (2015), en su artículo 204, establece que: "El Estado propiciará la transferencia de competencias y recursos hacia los gobiernos locales, de conformidad con esta Constitución y lo ley." Los gobernantes que hemos tenido han actuado contrario a este dictamen constitucional, limitando los gobiernos locales, concentrando más poder, y violando la autonomía de los ayuntamientos. Los sectores progresistas deben abrevar de esos principios duartianos, que lo convirtieron en el más preclaro independentista, en el más avanzado demócrata de su época, al postular la vía popular para la construcción de la República Dominicana, no la vía aristocrática, no la vía de la élite económica, política y social como fundamento del país. Tampoco la vía de los caudillos que ha sido la más traída y llevada, incluso en la modernidad del Estado dominicano. La vía democrática y popular de Duarte, rompe con todas las oligarquías y es por ello consecuentemente soberanista, la más auténtica teoría y acción de liberación nacional para su época. Los sectores progresistas deben propugnar por postular regidores y regidoras que tengan claro que su labor de normar, reglamentar y fiscalizar, se realiza obedeciendo a la ciudadanía, sus intereses, los colectivos, y convertirse en ojos y oídos del pueblo, de las comunidades, que con su trabajo son el sustento de las ciudades, de las obras y servicios municipales, y que para esas funciones nombran funcionarios y ediles. Regidores y regidoras son servidores y servidoras públicos, y se deben a la población, a las comunidades, a los barrios y campos que les eligió, no a grupos económicos espurios. Regidores y regidoras como servidores públicos, no deben ir a tomar decisiones para su propio beneficio como es aumentarse de manera indiscriminada sus sueldos, tampoco comprometer los fondos públicos del ayuntamiento en préstamos personales ni financiamientos, ni para ellos, ni para grupos particulares o sectoriales. El uso de los recursos públicos y las funciones de los servidores públicos está destinado estrictamente a beneficiar a los munícipes colectivamente.

DENGUE Y OTRAS ENFERMEDADES EN ALZA, INFORMACIONES OFICIALES REZAGADAS

Al 6 de noviembre de 2023 estamos en la semana epidemiológica 45, y el Boletín Epidemiológico Semanal de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública está retrasado ya que el que está colgado en la web https://digepi.gob.do/ es el número 41. Este reporte tiene como objetivo dar a conocer la situación epidemiológica de los eventos de notificación obligatoria que se vigilan a través del módulo de vigilancia especial y del módulo de alerta temprana. De manera que, para la población, para los tomadores de decisiones en el nivel regional y local hay un retraso de 4 semanas, con lo cual se hace imposible tomar decisiones en base a informaciones actualizadas, porque para eso son las informaciones del boletín epidemiológico. En la semana epidemiológica 41 se reportaron 1098 casos de dengue. No se tiene la información de las semanas 42, 43 y 44. Es decir tres semanas de retraso en una situación epidemiológica de mucha preocupación, toda vez que la curva de transmisión del dengue está al alza, como se puede ver en el cuadro siguiente, copiado del boletín de DIGEPI.

Constituye un descuido ese retraso, porque esta información es relevante, tanto para las autoridades de salud, como los proveedores y la ciudadanía, las empresas e instituciones, igual, para un seguimiento del brote de dengue que constituye una carga de enfermedad, con su costo económico expresado en ausentismo laboral, escolar y gastos en medicamentos, así como la perdida de bienestar por el padecimiento en sí mismo, y lo peor, perdida de vida que han sido contadas en 13 por la dirección de epidemiología, pero que pudiera ser mayor, si se toma en cuenta el subregistro que hay en un país subdesarrollado como el nuestro. Otras enfermedades de notificación obligatoria muestran aumentos como leptospirosis que para esta fecha en el 2022 reportaba 264 casos y para el 2023 se reportan 475. Para este mismo período se reportaron 29 fallecimientos y en este 2023 van 38 fallecimientos. También se reportan aumentos en enfermedades prevenibles por vacuna como difteria, tétanos y tosferina. De manera que, las autoridades deberían mejorar los tiempos de reporte y publicar a tiempo los reportes, porque los mismos son vitales para un mejor desempeño en el combate de esta enfermedad. La información oportuna es parte del derecho a informarse, una información tardía es una denegación del derecho a la información. Así mismo, las informaciones a tiempo y veraces, además de ser un derecho, también son instrumento de educación y de monitoreo, tanto de las autoridades como de la sociedad de que tan bien se llevan a cabo las acciones de combate al brote de dengue. El pueblo se merece y tiene derecho a información oportuna, completa y veraz.

Los hechos de la zona colonial, la teoría de las ventanas rotas y el modelo Giuliani

Por Gregorio Moya E. En base a un experimento social realizado por Philip Zimbardo se formuló la llamada teoría de las ventanas rotas, que sostiene que la sensación de abandono y deterioro que transmite la ventana rota de un vehículo provoca reacciones vandálicas en cadena. La sistematización teórica de ese experimento se ha convertido en un paradigma que explican conductas antisociales y delictivas en ciudades, muy parecidas a las que escenificaron jóvenes el sábado 28 de octubre pasado. La “teoría de las ventanas rotas” fue uno de los fundamentos del modelo Giuliani para combatir el crimen. En base a un cuestionable o relativo éxito de Giuliani como alcalde y su modelo, este personaje hosco, está exportando su modelo y promoviendo las lecciones de su implementación, incluso vendidas como buenas prácticas en Centro América y el Caribe. En su ruta de mercadeo el modelo Giuliani fue presentado como posible estrategia para combatir la criminalidad. El modelo Giuliani considera que “Cuando hay una abrumadora cantidad de crímenes en la sociedad, eso no se resuelve con escuelas, bibliotecas, barrios agradables y equipos deportivos. Hay que reforzar el orden público. Cuando se logra reducir el crimen, el paso siguiente es desarrollar programas sociales. Es entonces cuando se crean más empleos, mejores barrios y mejores escuelas”. Es decir, las necesidades económicas y sociales, las carencias de acceso a servicios y derechos son pospuestos para cuando se logre el orden público. Es decir, lo que hay que mirar son las ventanas rotas, puntos específicos de la realidad, no las estructuras socioeconómicas de injusticia y marginación, y su correlato sistema de ideas individualistas, del sálvese quien pueda y el “vamo arriba y no te apure”. Se abandona con el modelo Giuliani la visión de totalidad que debe tenerse al abordar un problema tan complejo como es la criminalidad. En línea con la teoría de las ventanas rotas y el susodicho modelo, El Listín Diario en su editorial del 31 de octubre de 2023 dijo que “Ni el gobierno ni la justicia pueden dejar sin castigo a los responsables de los colosales desmanes cometidos en la Ciudad Colonial el pasado sábado”, añadiendo que “Aquello fue el asalto de una gleba viciosa, parasitaria, que vegeta en los ambientes de bebentinas, drogadicción y libertinaje sexual y que no tiene miramientos frente a las reglas del orden público ni compromiso con el engrandecimiento del país”. Sin dudas que las autoridades no deben quedarse de brazos cruzados frente a este despropósito masivo. Pero, no puede ser con el enfoque Giuliani como al parecer se desliza en el editorial del Listín Diario. No puede verse solo una parte del problema, la ventana rota, el acontecimiento puntual. Debe hacerse acopio la realidad en su totalidad en que se produce el fenómeno condenable. Porque como dice Federico A. Jovine Rijo en el mismo periódico este 31 de octubre, “más que acusarlos y condenarlos, deberíamos agradecerles que ocuparan la Zona y le estrujaran a la sociedad la forma en que los políticos los han condenado a vivir. Porque mientras el “teteo” sea en “La 42”, no pasa nada, allí sí que pueden hacer cualquier desmadre que quieran entre ellos, y algunos políticos hasta se atreverán a verlo como un “atractivo turístico”, pero si se salen de su gueto, cuidadito... que nos escandalizamos.” Y como comienza su escrito el articulista, “La élite se regodea en el centro y desprecia a la periferia.” Y eso es lo que más hemos visto, desprecio a la periferia, no les importan los “teteos” siempre que ocurran en los barrios, los cuales se multiplican por cientos, no solo en la 42 de Capotillo. “Teteos” que buscan institucionalizarse con un proyecto para convertir este infierno en un atractivo turístico. No son ventanas rotas que hay en el país, es una juventud rota, sin perspectiva de mejoría, con una gran desesperanza que se expresa en que, a pesar de que la mayoría de los jóvenes dominicanos poseen un empleo y cubren la totalidad de sus gastos, el 60.1 % de ellos ha considerado emigrar del país. No son ventanas ni sueños rotos, es una realidad amarga y dolorosa, que genera desconfianza, conductas impropias, desapego, acciones antisociales y controvertidas con la ley. Todo eso es condenable y las autoridades deben actuar, conforme a los daños producidos y al quiebre de la convivencia. Y las autoridades tienen los recursos para ello, para actuar con justicia, sin abusos, como sería considerar que esta es “de una gleba viciosa, parasitaria, que vegeta en los ambientes de bebentinas, drogadicción y libertinaje sexual”, como editorializa el Listín Diario. Y junto con la acción de justicia y defensa de la convivencia y seguridad del espacio público, es necesario ir a las causas de estas inconductas para actuar en la raíz. Esto implica incidir en los problemas económicos y sociales que generan insatisfacción en la juventud, y dentro de ello comportamientos inadecuados, antisociales, en conflicto con la ley y la convivencia.