Por Gregorio Moya E.
La seguridad ciudadana y la participación democrática en el municipio: “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
Una de las preocupaciones más importantes de la ciudadanía es el relacionado con la seguridad. La seguridad en el lugar de residencia es un determinante esencial de bienestar individual y confianza en las instituciones según la OCDE, 2020.
Una de las características de la realidad actual es la inseguridad de la ciudadanía y la desconfianza en las autoridades, por las evidencias de la inacción, incapacidad o complicidad de las mismas con el crimen organizado, el raterismo común y las distintas formas de delincuencia que conforman el clima de inseguridad que vive la población.
El Proyecto Regional PNUD Infosegura da cuenta que en República Dominicana, para el 2021 la cantidad de muertes causadas por homicidios, suicidios y muertes accidentales incrementaron en 480 casos en el último año respecto al anterior, siendo los cambios más altos los reportados como causa de homicidios con un crecimiento de 211 casos (+22%).
Para el 2022, los datos sobre la inseguridad informan que para ese año se verificó un agravamiento de la situación, como podemos ver a continuación:
• Entre enero y septiembre de 2022, se registraron 199 víctimas más en comparación al mismo periodo del año anterior
• El 89.0% de las víctimas son hombres, el 11.0% mujeres
• En promedio, se registran 116 víctimas al mes, 22 víctimas más al mes en comparación al mismo periodo del año anterior
• El 54% de los homicidios dolosos se comete utilizando un arma de fuego, el 32% con un arma blanca, un 12% con otros métodos y se desconoce el arma utilizada en el 2% de los casos.
• Las provincias de mayor ocurrencia son: Santo Domingo (294 casos), Distrito Nacional (134 casos), Santiago (102 casos) y San Cristóbal (57 casos).
Mujeres y jóvenes los más afectados
Según el proyecto Infosegura, las víctimas de homicidios fueron principalmente mujeres y jóvenes. En 2021, 6 de cada 10 homicidios de mujeres fueron tipificados como feminicidios. Las personas jóvenes entre 20 y 29 años son las principales víctimas de homicidio, se reportó un considerable aumento de 24.4% respecto al 2020 (+76 víctimas).
Ante esta situación los gobiernos municipales están al margen y no prestan atención a la seguridad ciudadana.
Los ayuntamientos al día de hoy prestan poca o ninguna atención a los determinantes de la delincuencia que son de su incumbencia, como es una policía municipal que se dedique a la seguridad ciudadana, y no a la extorsión de humildes vendedores y de extranjeros pobres.
Los ayuntamientos tampoco brindan servicios que aseguren entornos seguros, como es la iluminación, calles y aceras adecuadas, limpias y seguras.
Los ayuntamientos no contribuyen a la gestión de información y su intercambio con la distintas entidades y la ciudadanía en el tema de la seguridad ciudadana y la prevención del delito.
Los grupos y sectores vulnerables al delito y la inseguridad no son tomados en cuenta por el poder municipal hasta el día de hoy. Las personas con discapacidad, las mujeres, los niños y envejecientes pasan desapercibidos por las acciones, planes y programas de los ayuntamientos del país. Las trabajadoras sexuales, la comunidad LGTB y los extranjeros (pobres y haitianos, y una que otra venezolana) son también vulnerados y víctimas de la violencia delincuente, incluyendo de las autoridades del orden.
La inseguridad ciudadana es un factor limitante de la participación ciudadana, la democracia y el autogobierno ciudadano, toda vez que esta situación limita la acción social, la vida en comunidad y saca de los espacios públicos a la población, confinándolo en sus casas.
La seguridad ciudadana es un derecho que debe ser levantado por las candidaturas progresistas para estas elecciones de febrero de 2024, generar propuestas innovadoras de soluciones para la seguridad ciudadana y justicia.
El combate de la inseguridad ciudadana debe tener un enfoque de justicia y derecho, que se fundamente en las mejores políticas y que se procure en la lucha por mejorar el bienestar en las ciudades para todos. Esto amerita desarrollar una estrategia coherente, integrada y efectiva para construir ciudades seguras.
La seguridad ciudadana debe ser parte del proceso de “mejora del acceso de todos los residentes y usuarios urbanos - independientemente de su género, edad, origen étnico o estado de salud - a impulsores de inclusión social como servicios públicos locales, viviendas asequibles de calidad, transporte, educación, salud, empleo y oportunidades económicas, patrimonio y servicios culturales, ocio y espacios públicos seguros” (OCDE, 2020) Es decir, la seguridad ciudadana se logra con acciones globales, que toma en cuenta los múltiples determinantes del conflicto con la ley y la convivencia. No son acciones separadas de las políticas públicas en sentido global, parte de la totalidad de las políticas de Estado de bienestar, progreso y democracia.
Como postulan los Principios de la OCDE sobre Política Urbana 2020, es necesario “alinear e integrar políticas sectoriales y así promover conjuntamente el desarrollo y el bienestar en las ciudades”. Esto incluye mejoras en lo laboral, la calidad educativa, la cultura, el transporte, la salud, el mejor uso del suelo y el entorno, la equidad. Una revisión de la literatura de más de 400 estudios interdisciplinarios muestra que el desarrollo urbano compacto tiene efectos positivos en la mayoría de las dimensiones (desde productividad y accesibilidad laboral hasta eficiencia energética y salud). (OCDE, 2020).
En fin, en los términos de los objetivos de desarrollo sostenible, se debe tener en el horizonte el objetivo 11 que propone: “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”.
Como plantea el plan de acción de Quito para la nueva agenda urbana, se establece el compromiso de “promover un entorno seguro, saludable e inclusivo en las ciudades y los asentamientos humanos que permita a todos vivir, trabajar y participar en la vida urbana sin temor a la violencia y la intimidación, teniendo en cuenta que las mujeres y las niñas, los niños y los jóvenes y las personas en situaciones vulnerables suelen verse especialmente afectados”.
Todo esto es posible si se fortalecen los mecanismos de participación popular, ampliando los mismos y creando nuevos, que superen el delegacionismo y representación que no son más que mecanismos de captura de la voluntad popular y reproducción de un modelo democrático autoritario y de burocracias que funcionan alrededor de intereses particulares. La participación democrática es hoy más posible alcanzarla en el nivel municipal, que los gobiernos locales sean del pueblo, con el pueblo y para el pueblo.
Entre los instrumentos de participación de la población están la discusión cada vez más amplia de los presupuestos, no sólo el limitado e incumplido presupuesto participativo, la ejecución de obras con participación social, el monitoreo y la auditoria social. Y lo fundamental, el desarrollo de las organizaciones territoriales y sociales en cada localidad y sector. Hay que estar claro que “El "reclamo social" es una forma de orientar las políticas municipales”, de incidir desde la sociedad, como dice Guillén López. El reclamo social incluye la movilización social y política, la incidencia en los medios de comunicación y las distintas formas de incidencia social y política desde las comunidades y los sectores sociales.
En fin, los municipios como concreción política e institucional de la localidad, es el espacio idóneo para la articulación social y la concertación política progresista, a la cual deben abocarse los sectores progresistas para conformar candidaturas progresistas.
Esto parece irrealizable o poco viable a tan poco tiempo de las votaciones de febrero de 2024. Pero lo cierto es, que solo por ese camino se pueden construir candidaturas alternativas, verdaderamente críticas y transformadoras.
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