PODER MUNICIPAL: PODER CIUDADANO, AUTOGOBIERNO Y DEMOCRACIA (1)

Por Gregorio Moya E.

Las fuerzas progresistas han decidido participar en las próximas elecciones de febrero de 2024 con candidaturas propias, en alianzas múltiples y diversas, salvo el caso del Patria Para Todos que no pactaría con partidos del sistema. Es momento de retomar el planteamiento del Padre de la Patria, Juan Pablo Duarte, de concebir el poder municipal como el cuarto poder, diferenciado y con atribuciones y capacidad de decisión propios, independientes, como lo son el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo. Considerar el poder municipal como cuarto poder, como la mayoría de los principios duartianos, ha sido olvidado y sobre todo combatido, por los gobernantes y representantes que hemos tenido en los tres poderes existentes. El poder municipal como cuarto poder, se basa en otro principio duartiano, el que más lo distingue de todos sus contemporáneos: la idea de que el pueblo dominicano puede autogobernarse y ser independiente. La constitución de la República Dominicana promulgada en fecha trece (13) de junio del año dos mil quince (2015), en su artículo 204, establece que: "El Estado propiciará la transferencia de competencias y recursos hacia los gobiernos locales, de conformidad con esta Constitución y lo ley." Los gobernantes que hemos tenido han actuado contrario a este dictamen constitucional, limitando los gobiernos locales, concentrando más poder, y violando la autonomía de los ayuntamientos. Los sectores progresistas deben abrevar de esos principios duartianos, que lo convirtieron en el más preclaro independentista, en el más avanzado demócrata de su época, al postular la vía popular para la construcción de la República Dominicana, no la vía aristocrática, no la vía de la élite económica, política y social como fundamento del país. Tampoco la vía de los caudillos que ha sido la más traída y llevada, incluso en la modernidad del Estado dominicano. La vía democrática y popular de Duarte, rompe con todas las oligarquías y es por ello consecuentemente soberanista, la más auténtica teoría y acción de liberación nacional para su época. Los sectores progresistas deben propugnar por postular regidores y regidoras que tengan claro que su labor de normar, reglamentar y fiscalizar, se realiza obedeciendo a la ciudadanía, sus intereses, los colectivos, y convertirse en ojos y oídos del pueblo, de las comunidades, que con su trabajo son el sustento de las ciudades, de las obras y servicios municipales, y que para esas funciones nombran funcionarios y ediles. Regidores y regidoras son servidores y servidoras públicos, y se deben a la población, a las comunidades, a los barrios y campos que les eligió, no a grupos económicos espurios. Regidores y regidoras como servidores públicos, no deben ir a tomar decisiones para su propio beneficio como es aumentarse de manera indiscriminada sus sueldos, tampoco comprometer los fondos públicos del ayuntamiento en préstamos personales ni financiamientos, ni para ellos, ni para grupos particulares o sectoriales. El uso de los recursos públicos y las funciones de los servidores públicos está destinado estrictamente a beneficiar a los munícipes colectivamente.