Joaquín: celebración de la militancia revolucionaria y la fraternidad

 Por Gregorio Moya E.

Hoy, 21 de diciembre, conmemoramos el martirio de Manolo Tavárez Justo y otros guerrilleros que, en las escarpadas montañas de Quisqueya, mantuvieron encendida la antorcha de la libertad. Un grupo de amigos y camaradas, militantes por la revolución socialista realizó un encuentro con la participación de José Aracena, conocido como Joaquín, quien desde los años de la dictadura balaguerista ha defendido las ideas de la revolución y el socialismo a lo largo de su vida.

Esta fecha es propicia para celebrar la militancia revolucionaria y la fraternidad que representa Joaquín, un militante marxista y trotskista cuya dedicación no ha conocido pausa, salvo por las limitaciones impuestas por la biología y las circunstancias. Tampoco ha conocido frontera la militancia de Joaquín, por su afiliación ideológica consecuente con el internacionalismo revolucionario.

En nuestro andar militando, recordamos a Joaquín en la primera mitad de la década de los 80, abriendo surcos en el barrio Simón Bolívar y apoyando los esfuerzos militantes por el socialismo en Villas Agrícolas y Cristo Rey y otras comunidades, y en el cordón industrial de Máximo Gómez.

También evocamos sus orientaciones junto a Fidelio, en aquel 25 de abril de 1984 con la célula socialista de Villas Agrícolas, en casa del inolvidable Alejandro Sánchez, revolucionario de firmes convicciones y trato afable. En medio del levantamiento popular, Joaquín nos acompañó, sus jóvenes camaradas del Movimiento Por el Socialismo, exponiéndose a la represión criminal del PRD y Jorge Blanco contra el insurrecto de Santo Domingo.

La militancia y fraternidad de Joaquín y sus camaradas socialistas, que también son nuestra, militancia fraterna y solidaria. Aunque no siempre nos veamos o estemos lejos, lo que nos une es más grande: la confianza y el compromiso con el cambio revolucionario y socialista para toda la humanidad.

Queriendo ir más allá: buscando explicación en la economía y la sociedad el triunfo de Trum

Por Gregorio Moya E.

Abordamos algunos aspectos de la contradicción en el escenario político de las elecciones en EEUU, que tuvo como ha sido habitual, la polarización entre demócratas y republicanos, el enfrentamiento entre Donald Trump y Kamala Harris. Por un lado, la preocupación por el riesgo fascista del trumpismo; por otro, la percepción de que ninguno de los dos candidatos representa una alternativa real para los pueblos. Sin embargo, ¿qué llevó a muchos votantes a rechazar al Partido Demócrata y su candidata y optar por el conservadurismo de Trump? La economía es la infraestructura de la sociedad… “La política es economía concentrada” (Lenin). A menudo se dice que la decisión de los votantes está impulsada por las emociones y que populistas como Trump las explotan. Sin duda, esto tiene una base real, y hay estudios que lo respaldan. Sin embargo, aunque las emociones son manifestaciones subjetivas, poseen una razón objetiva: las emociones político-electorales tienen un fundamento económico y social. Es necesario profundizar en el análisis de la economía y la economía política. Esto nos permite comprender las relaciones entre los distintos sectores y factores económicos —finanzas, industria, comercio— y cómo estas relaciones configuran vínculos de clase, fundamentales para una acción de clase desde el punto de vista político. La perspectiva de clase es crucial. Por ello, es pertinente plantear que los pueblos y las clases trabajadoras no tenían una opción que respondiera a sus intereses en las candidaturas de Trump y Harris. Las relaciones de clase no ofrecían perspectivas de mejora para la clase trabajadora en la opción demócrata; más bien, representaban una continuación de lo mismo. El trumpismo, por su parte, apelaba a la emoción de los desplazados, de la clase trabajadora, aunque su retórica culpaba, no al sistema capitalista, sino a los inmigrantes. En esa disputa, Trump canalizó el descontento y la frustración, cuyo origen real está en la financiarización de la economía. Hoy en día, un tema clave de debate es la financiarización de la economía. Se discute si el auge de las finanzas se dio a expensas de la industria (Robert Brenner y Cédric Durand) o, por el contrario, fortaleció al capital industrial (Scott Aquanno y Stephen Maher). Independientemente de la postura, es innegable que las finanzas son determinantes en el modelo neoliberal actual. El neoliberalismo es la expresión ideológica y organizativa de la hegemonía del capital financiero sobre los demás sectores del capitalismo. El neoliberalismo es el modelo que adopta el capitalismo en crisis para asegurar el imperativo de acumulación, capturando una mayor porción del producto social en una realidad donde el rendimiento de la tasa de ganancia en la base industrial se agotó tras el auge de la posguerra. La hegemonía financiera en el capitalismo actual responde a ese imperativo de acumulación en un momento de crisis. Sin embargo, esta financiarización no es una política anti-industria; es una interacción en la cual el capital financiero es dominante. Dentro de su hegemonía, puede deslocalizar la industria y ubicarla fuera del país, ya que lo fundamental es la ganancia y la acumulación de capital. El capital, en su desarrollo, ha adoptado un carácter internacionalista e imperialista para cumplir ese imperativo de ganancia a toda costa. La desindustrialización en Estados Unidos es un fenómeno complejo con un impacto significativo en la economía y la sociedad en las últimas décadas. Este proceso, impulsado por el capital financiero, se refiere a la disminución de la actividad industrial y la pérdida de empleos en el sector manufacturero, lo que ha provocado cambios estructurales en la economía. Desde 2000 hasta 2010, Estados Unidos perdió aproximadamente el 36% de los empleos en manufactura. (Referencia). La desindustrialización ha destruido no solo la economía nacional, sino también comunidades enteras, dejando en su lugar una cadena de desolados “cinturones de óxido”. La automatización y la innovación tecnológica, aunque incrementan la productividad, también reducen la necesidad de mano de obra en el sector industrial, generando un estancamiento salarial, aumento del desempleo y crecimiento de la pobreza. Ese es el caldo de cultivo del trumpismo, que se alimenta de las derrotas en las aventuras bélicas y el alto costo social de la guerra, cuyo precio es pagado por el pueblo, mientras que el complejo militar-industrial, hegemonizado también por el capital financiero, obtiene los beneficios. ¿Qué ocurrió en Estados Unidos para propiciar el auge del trumpismo? Esta propuesta conservadora, populista y fascistoide ha captado la frustración de la clase obrera y las clases populares, que reaccionaron contra una figura como K. Harris, representante visceral de una poderosa alianza hegemonizada por el gran capital, que en este momento de crisis adopta como estrategia la economía de guerra. Para muchos, el discurso de “hacer a Estados Unidos grande otra vez” resonó como opción, ya que sectores de izquierda orientan su discurso hacia derechos de cuarta generación y cuestiones identitarias, en lugar de abordar políticas de clase, que realmente podrían responder a las demandas de los sectores oprimidos y marginados. Incluso, las propuestas de Bernie Sanders, aunque progresistas y orientadas a: • Redistribuir la riqueza a los trabajadores que la crean. • Otorgar a los trabajadores una parte de la propiedad de las empresas en las que laboran. • Dividir monopolios y revisar las fusiones corporativas de la era Trump. • Hacer que las corporaciones paguen su justa parte de impuestos revirtiendo las exenciones fiscales corporativas de Trump. Estas ideas, a pesar de ser sinceras, encuentran su limitación en la naturaleza misma del Partido Demócrata, que representa a la oligarquía denunciada por Sanders. El voto a Trump contiene mucho de voto castigo, un voto donde no hay una alternativa real, eligiendo por el “mal menor”, que en última instancia sigue siendo igual de perjudicial, o incluso peor.

Aumento general de salarios para aliviar la pérdida de ingresos de los trabajadores

Por Gregorio Moya E. En el país se observa una pérdida de valor en los salarios de la clase trabajadora, lo que reduce su capacidad para adquirir productos básicos de la canasta familiar.

En efecto, en 2024 el costo de la canasta básica familiar en la República Dominicana ha mostrado un aumento significativo. En febrero de 2024, el costo promedio de la canasta familiar se situó en RD$44,967, lo que representa un incremento del 3.3% respecto al año anterior, cuando costaba RD$43,531 en febrero de 2023. Para junio del mismo año, el costo promedio alcanzó RD$45,255.74, lo que representa un aumento de RD$328.44 desde enero del mismo año. La canasta de las familias de menores ingresos (quintil 1) se ubicó el mes pasado en RD$27,044.03, una diferencia de RD$182.39 en comparación con los RD$26,861.64 que costaba en enero de este año y RD$5,890.52 en comparación con agosto de 2020. En el caso de las familias en el quintil 2, la canasta familiar básica alcanzó los RD$35,189.60, reflejando un aumento de RD$7,526.49 respecto a agosto de 2020 y RD$193.86 en comparación con enero de 2024. Los hogares del quintil 3 tienen una canasta básica promedio de RD$41,562.33, una diferencia de RD$201.23 respecto a enero y RD$8,611.35 en comparación con agosto de 2020.

Desde febrero de 2020 hasta febrero de 2024, el costo promedio ha aumentado un 28.2%, pasando de RD$35,063 a los actuales RD$44,967. Este aumento refleja una tendencia general al alza en el costo de vida en el país. En otras palabras, la clase trabajadora se vuelve cada vez más pobre, especialmente aquellos en el quintil 1, los de menores ingresos, cuya alimentación se ve afectada. Aproximadamente el 56% del ingreso total del quintil 1 se destina a alimentos, lo cual refleja una alta dependencia de estos productos básicos. Así, los bajos salarios y los altos precios inciden en la alimentación de este segmento de la población. Mantener los salarios congelados por años, como ha sucedido en el país, es un acto injusto.

Se sabe que, a medida que aumenta el ingreso familiar, la proporción del gasto destinado a alimentos disminuye, por lo que resulta injusto mantener salarios tan bajos. En el país no existe un salario mínimo nacional que cubra las necesidades básicas, conocido en otros lugares como salario vital. El sector privado tiene la siguiente escala salarial desde el 1 de febrero de 2024, cuando se establecieron nuevos salarios mínimos según la clasificación de las empresas: Empresas grandes: RD$25,116.00 Empresas medianas: RD$23,023.00 Empresas pequeñas: RD$15,428.00 Microempresas: RD$14,232.00 En el sector público, el salario mínimo para los empleados se mantiene en RD$10,000.00, con lo que apenas se cubre el 36.97% de la canasta básica del quintil 1. En otras palabras, este es un salario insuficiente que, al parecer, el gobierno no planea reajustar, argumentando que no se realizó la reforma fiscal.

El Ministerio de Trabajo ha destacado que el promedio ponderado actual de los salarios mínimos en el país es de aproximadamente RD$17,873, lo que apenas cubre el 66.08% de la canasta básica de las familias de menores ingresos (quintil 1). Esto significa que, aunque se anuncie un crecimiento económico sostenido, los trabajadores ven disminuir su poder adquisitivo. Este crecimiento parece estar impulsado por la explotación de la clase trabajadora, que no recibe los frutos de dicho crecimiento.

En un contexto donde se discute una reforma laboral, con poca presencia sindical y una representación funcional al régimen patronal-gubernamental, y con un congreso dominado por sectores de poder, es necesario avanzar desde otros sectores de la sociedad para lograr una mejora salarial y defender los derechos de la clase trabajadora. Es urgente y necesario luchar por un reajuste general de salarios para disminuir la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.

La ley no faculta al MAP a solicitar información sobre contratos y facturas de empleados

Por Gregorio Moya E. La Ley 41-08, en su artículo 1, establece que su objeto es “regular las relaciones de trabajo de las personas designadas por autoridad competente para desempeñar los cargos presupuestados para la realización de funciones públicas en el Estado, los municipios y las entidades autónomas, en un marco de profesionalización y dignificación laboral de sus servidores”. El Ministerio de Administración Pública debe ceñirse a lo que la ley establece y no aventurarse en iniciativas que no le competen. De manera irregular, el Ministerio de Administración Pública (MAP) instruyó a los organismos gubernamentales a recopilar datos sobre el cumplimiento de pago de servicios públicos, como el agua y la energía eléctrica, por parte de los empleados del Estado. Esta no es una función de este ministerio, que debe circunscribirse a regular las relaciones de trabajo y el desempeño de los cargos, en un marco de profesionalización y dignidad laboral. El artículo 8 de la Ley 41-08 establece cuáles son las atribuciones del Ministerio de Administración Pública, dentro de las cuales no se encuentra la obligación de que los empleados reporten a las instituciones públicas donde laboran los contratos de agua y energía eléctrica que poseen. Tampoco están dentro de las competencias y funciones del MAP recopilar información personal y contractual con terceros de los empleados de la administración pública. El MAP debe concentrarse en lograr mejoras en la Función Pública, en el fortalecimiento institucional y en realizar de manera efectiva la evaluación del desempeño institucional de forma objetiva. El Ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, establece erróneamente que "es importante que cada empleado presente las facturas correspondientes, ya que esto permitirá llevar un registro más preciso y facilitará la gestión administrativa". Sin embargo, el MAP no es un agente de cobranza de las facturas de entidades a las que les corresponde dicha función. El MAP debe dedicarse a responder a las necesidades de formación y capacitación del talento humano de la administración pública, así como a asegurar la estabilidad, seguridad y bienestar laboral, mejorar los ingresos y garantizar la dignidad y derechos laborales establecidos en la ley de servicio público. Estas medidas no fortalecen la capacidad institucional de la administración pública que le permita generar valor en las instituciones, que permita que el Estado a través del servicio público garantice derechos a la ciudadanía. Y es que los empleadores sólo podrían solicitar informaciones a los empleados de tipo contractual si estos contratos pueden afectar el desempeño laboral o la relación contractual entre el empleado y la empresa. Esto es particularmente relevante en sectores donde los empleados pueden tener conflictos de interés o donde se requiere transparencia. Ese no es el caso del MAP exigir que los empleados de información de contratos y facturas de agua y electricidad. En el caso de empleados públicos, la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones establece principios de transparencia y publicidad en las contrataciones del Estado. Si un empleado público tiene un contrato con un tercero relacionado con su función pública, puede ser legalmente requerido que revele dicha información. Pero este tampoco es el caso. El Ministro Sigmund Freund debe dejar sin efecto la disposición por carecer de fundamento legal, por ser una extralimitación al atribuirse funciones que no le corresponden desde el punto de vista legal e institucional.

Armao' bebio' y con cuarto', en la dirección de la DIDA

Por Gregorio Moya E.

La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) tiene como visión: “ser la entidad referente en el desarrollo de un modelo integral de atención ciudadana, cultural y educativo en Seguridad Social, para el reconocimiento y acceso al derecho universal y constitucional de la población dominicana”. Sin embargo, el recién designado director de la DIDA, el señor Elías Báez, llega al cargo con un historial cuestionable: un exdiputado que se ha hecho notar “armao’, bebío’ y con cuarto'”. Su conducta no encarna los valores de comportamiento ciudadano, cultural y educativo que deberían caracterizar al principal funcionario de una entidad orientada al reconocimiento de los derechos de los dominicanos en seguridad social. Pero eso no es todo. Durante su gestión como diputado, Báez propuso un fondo para cubrir los costos de atención en cuidados intensivos de los pacientes, lo que podría parecer una medida en beneficio de la población. En realidad, la iniciativa protegía a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), ya que les permitía evitar el desembolso de recursos de la clase trabajadora, incrementando así sus ganancias. Esto refleja que, más allá de una intención de apoyo social, el funcionario parece desconectado de las necesidades de los afiliados y afiliadas de la seguridad social. La Coalición por la Seguridad Social Digna ha rechazado su nombramiento, argumentando que la trayectoria y prácticas del nuevo director no corresponden con el perfil requerido para el puesto. Ojalá que se escuchen las voces de las entidades comprometidas con la población y, especialmente, con los más humildes de esta nación, que merece un mejor destino.

DESINTERÉS DE LA JUVENTUD POR LA POLÍTICA

Por Gregorio Moya E.

Hay un malestar acerca del desinterés de amplios sectores de la población por la política, principalmente ese desinterés se verifica en la juventud. A la juventud, en general, no le interesa la política; para muchos, incluso, resulta una molestia. La música, los deportes, compartir entre sus pares e involucrarse en actividades que implican retos, e incluso peligros, son los intereses predominantes entre los jóvenes.

Otra cosa que no es de interés para la gran mayoría de los jóvenes es la religión. Solo el 24% tiene interés en ella. Qué tendrán en común la política realmente existente y la religión que no son de interés para los jóvenes. Tal vez deberíamos preguntarnos, como lo hizo Michel Foucault en su famoso debate con Noam Chomsky en 1971: ¿de qué manera me intereso por la política?

Por la política, la mayoría de la población lo que mira es juego de tronos, guerras de intereses particulares o de grupos. Y nosotros, los revolucionarios, como expresó Chomsky en el debate referido, tenemos como tarea “comprender cabalmente la naturaleza del poder, la opresión, el terror y la destrucción en nuestra propia sociedad”, y esa comprensión no la hemos logrado, por ceguera ideológica, por desinterés de ahondar en el conocimiento de la realidad política, que debe plantearnos saber qué ideas tiene la población de la política, a partir de sus vivencias, sus percepciones.

No obstante el desinterés de la juventud por la política, que tanto nos inquieta, un dato es que las grandes luchas y cambios, han estado catapultadas por la juventud, por lo que habría que preguntarse, qué lleva a la juventud a participar y movilizarse políticamente y que los margina o auto margina. En efecto, las grandes luchas que han conmovido la sociedad dominicana han estado protagonizadas por la juventud. Lucha por el 4% y Marcha Verde, para solo mencionar dos de las más emblemáticas conmovieron la sociedad dominicana, y la segunda significo la caída del PLD del gobierno que por 20 años dominó la política dominicana.

El 70% de los jóvenes dominicanos afirmó que la política tiene poca o ninguna importancia para ellos. Un porcentaje similar indicó que rara vez sigue la información política en los medios. Predomina una baja confianza en las instituciones, principalmente en los partidos políticos y el gobierno. (IDEICE, 2022). Este estudio refiere que el 65% de los jóvenes está en desacuerdo o muy en desacuerdo con que los políticos tienen en cuenta las ideas e inquietudes de los jóvenes, y el 62% afirmó que la ciudadanía tiene poca o ninguna incidencia en las decisiones del gobierno. Sin dudas que estos datos ameritan otros abordajes a profundidad, para comprender las causas del desinterés de la juventud por la política. Pero los datos son contundentes. Los jóvenes no se sienten reflejados ni representados por la política ni por los políticos. Se puede percibir cierto grado de ajenidad de la juventud con relación a la política. Pero, cuando vemos el grado de importancia que confieren los estudiantes a una serie de aspectos de la sociedad, de la política y de su vida, nos damos cuenta que estos son problemas colectivos, de abordaje político, aunque sea solo para el 29% que la política es muy importante o bastante importante. El gráfico siguiente muestra que hay aspectos relevantes para la política revolucionaria, como es la importancia a llevar una vida moral y digna que respondió el 61% de los encuestados, o la igualdad social que es de los aspectos importantes de la sociedad para el 57%.

De manera que, no debemos contentarnos con la conclusión de que a la juventud no le interesa la política, porque lo que puede estar ocurriendo es que no le interesa la política como la vemos y como la practicamos los que ya no somos jóvenes. Debe preocuparnos que según la encuesta de juventud, la participación de los jóvenes en las asociaciones o colectivos es limitada, oscila entre 2% y 8%. Las organizaciones de carácter benéfico-social son las que cuentan con una mayor participación (8.1%), seguida de los partidos políticos (6.2%) y las de tipo artístico o cultural (5.3%). Por el contrario, cuentan con una menor participación los sindicatos y las ecologistas (2% cada una).

La experiencia en organizaciones y actividades colectivas puede ser un marco para desarrollar sensibilidad y compromiso colectivo o social, que es un aspecto que está en los fundamentos del interés político, que es el interés por la sociedad, el país, la nación y el pueblo.

De manera que, debemos plantearnos, con Foucault, de qué manera se interesan o interesarían los jóvenes por la política, por las actividades sociales y del país. Quizás por ahí encontremos las respuestas y soluciones a estos interrogantes.

España sacrificó siempre a Santo Domingo

Por Gregorio Moya E.

En relación a España y la colonia de Santo Domingo, el académico José Vásquez Romero establece: “Las prolongadas guerras europeas en las que Francia y España mantuvieron rivalidades por el control de diversos territorios ultramarinos trajeron como consecuencia varios tratados que repercutieron decisivamente en el destino de sus respectivas colonias en la Isla de la Hispaniola”.

Agregamos que, en esas prolongadas guerras y conflictos entre los colonizadores, Santo Domingo, como una de sus colonias fue sacrificada, sufriendo con ello la población que vivía en ellas. En efecto, en sus luchas contra otros imperios coloniales, la Corona de España sacrificó a Santo Domingo en varios períodos de la historia. Esas guerras entre imperios coloniales tenían como motivación el control y la repartición del mundo. Y, si para mantener el dominio de una parte del mundo era necesario sacrificar colonias, lo hacían. En ese sentido, el Reino de España sacrificó a Santo Domingo en distintos momentos. En efecto, mediante el Tratado de Ryswick en 1697, España cedió la parte occidental de la isla a Francia a cambio de recuperar Cataluña, que había sido invadida y ocupada por los Borbones de Francia. Es decir, esta no era una provincia del Reino de España que debían defender, sino una colonia que podían sacrificar. Posteriormente, el Acuerdo de San Miguel de la Atalaya, firmado el 29 de febrero de 1776 entre los gobernadores de las colonias española y francesa en la isla de La Española, buscaba establecer límites territoriales entre Santo Domingo y Saint-Domingue. Este acuerdo fue un paso crucial en la delimitación de la frontera, ya que no existían fronteras definidas desde el Tratado de Ryswick en 1697, que solo reconocía la presencia francesa sin fijar límites claros. Es decir, el sacrificio de una parte de su colonia, se hizo sin medidas ni límites. El acuerdo fue ratificado el 3 de junio de 1777 en Aranjuez, España, donde se formalizó la separación territorial entre las dos colonias. Este tratado, conocido como el Tratado de Aranjuez, consolidó lo acordado en San Miguel y estableció límites permanentes. Francia consolidó su control sobre la parte occidental de la isla, lo que hoy es Haití, mientras que España mantenía su dominio en el este. Todo esto, acuerdos entre poderosos.

El Tratado de Basilea, firmado el 22 de julio de 1795 en la ciudad suiza de Basilea, fue un acuerdo crucial entre la República Francesa y el Reino de España, que puso fin a la Guerra de la Convención (1793-1795). Este conflicto tuvo un impacto significativo en la monarquía española, resultando en la ocupación de varias provincias, incluyendo las Vascongadas y parte de Cataluña, por las fuerzas francesas. Pero el de mayor impacto fue en la isla que hoy ocupan dos pueblos, dos naciones, dos Estados. España recuperó los territorios ocupados por Francia en el norte de la península ibérica, pero cedió su parte oriental de la isla de La Española (actual República Dominicana) a Francia. Esto significó que toda la isla pasó a estar bajo control francés, completando así una división territorial que se había prolongado desde el Tratado de Ryswick en 1697. Es decir, sacrificaron la colonia y a sus pobladores, desentendiéndose de ellos. Aunque los hispanófilos nos quieran decir lo contrario, lo cierto es que los habitantes de esta isla, sobre todo los criollos, no eran considerados españoles.

A propósito de ello, Juan Bosch consideró con justeza que estos acuerdos reflejaban los "fríos cálculos del egoísmo" de los líderes españoles, quienes priorizaron sus intereses sobre el bienestar de la población. Según el destacado historiador, literato y político, luchador por la democracia y los derechos del pueblo dominicano, estos acuerdos representaban un acto de despojo que ignoraba los derechos e intereses de la población local. Bosch consideraba que esta decisión fue tomada sin consultar a los pobladores, quienes se vieron afectados por las decisiones de poderes coloniales.

Juan Isidro Jiménez Grullón, historiador y político igualmente comprometido con las luchas por la libertad y los derechos del pueblo dominicano, coincide en que con el Tratado de Aranjuez se legitimó la ocupación francesa, todo dentro del esquema colonial de dominación existente. Desde entonces, el colono español y el colono francés se repartieron el territorio, como claramente lo dice en su obra, La República Dominicana (Análisis de su pasado y su presente). Y es que, como dice Jiménez Grullón, las colonias “no eran ya simples apéndices de la metrópoli, sino zonas sometidas a una explotación intensiva bajo el control de los representantes de esta. Carecían de independencia o autonomía. Los gobernantes locales mostraban obediencia —por lo menos relativa— a los dictámenes de la Corona, y los habitantes originarios fueron aniquilados o sometidos a la servidumbre o a la esclavitud”.

Como zonas de explotación, las colonias podían ser sacrificadas y entregadas a otros imperios colonizadores, siendo esto la mayor y más intensa explotación y despojo que puede considerarse, porque de un golpe se deshacían de ellas para su propio beneficio colonial. De manera que, es continuando descolonizando la nación y la sociedad dominicana que podremos completar la obra de una República truncada, muestra del fracaso de las clases dominantes y el sistema instaurado. Como dijo certeramente Bosch, “no somos nosotros los que hemos fracasado; ha sido el sistema social, económico y político en que hemos vivido”, y los revolucionarios tenemos la tarea de transformar este sistema social, económico y político, para alcanzar una nación libre, soberana, justa y solidaria, porque sin dudas, los imperios de ayer y el imperialismo de hoy la sacrificarían mil veces para su beneficio.

Embargo cuentas de ADP por el ministro de educación, un precedente ominoso

Por Gregorio Moya E. La humanidad vive una de las amenazas más crueles, como es la red mundial fascista, como la llamó la vicepresidenta Ejecutiva de la República de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien además consideró dicha red mundial fascista, como el cartel internacional del fascismo”. En ese marco global se produjo el embargo de las cuentas bancarias de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) por parte del ministro de educación. El más alto funcionario de educación justificó esa medida en respuesta a la “suspensión de la docencia en Barahona, iniciada al comienzo del año escolar por parte de la ADP”. Pero hay más, el señor Ángel Hernández en su calidad de ministro de educación señaló que la paralización de clases en Barahona, así como en Azua y San Francisco de Macorís, ha sido impulsada por una facción minoritaria de la ADP, que utiliza los paros como estrategia para promover a sus candidatos, lo que atenta contra el derecho de los estudiantes a una educación de calidad y la continuidad del calendario escolar. O sea, el ministro de educación se inmiscuye en la contienda electoral de la ADP intentando obstruir con el embargo de las cuentas bancarias, las elecciones establecidas estatutariamente en dicho gremio. Esta acción jurídica que afecta las finanzas de la ADP y el mejor desempeño no está dentro de las funciones del ministro de educación, hacer eso es atribuirse funciones que no le corresponden, lo cual puede ser considerado como usurpación de funciones o exceso de autoridad por parte del funcionario. Este tipo de acciones son similares a las que se vienen tomando en la Argentina gobernada por Milei, que tiene una clara orientación fascista en su gobierno. Es por ello que el embargo de cuentas para enfrentar protestas del magisterio es un ataque de tipo fascista inaceptable y que no debe dejarse pasar por parte de la población. Este es un precedente que debe recibir la sanción del movimiento social con un rotundo rechazo, y sobre todo, promoviendo la participación activa de los maestros en su gremio y de manera especial, en las elecciones de este 9 de octubre, amenazadas por la prepotencia y el abuso de poder, mediante uno de los mecanismos de la derecha internacional, la judicialización. Hay que defender y preservar la ADP como gremio, independientemente de quienes dirijan el mismo. La ADP es una conquista de la clase trabajadora docente y del pueblo que en distintos momentos y por distintas vías ha apoyado dicho gremio.

Dio Astacio: Insultante y discriminatorio por capacidad económica

Por Gregorio Moya E.

Diario Libre en su edición digital del martes, 8 de octubre de 2024, trae las siguientes declaraciones del Alcalde Dio Astacio: “Si le duele tanto su tumba, vengan y límpielas, que nosotros lo que hacemos es limpiar las áreas comunes", así se expresó el alcalde de Santo Domingo Este ante la crítica de que el cementerio Cristo Salvador está lleno de yerba.

Al parecer, su carrera de pastor le hace pensar que los ciudadanos son borregos a los que el puede apacentar con insultos. Pero además del agravio frente a la crítica, el alcalde Dio Astacio anuncia la construcción de 1000 osarios en la parte céntrica del cementerio Cristo Salvador, y otros 1000 para personas de mayor capacidad económica en la parte frontal del cementerio. Suponemos que estos osarios para personas de mayor capacidad económica son mas cómodos, lo cual establece una diferencia contraria a la igualdad en el acceso a los servicios públicos que tiene la población. Hasta para morirse hay que tener suerte dice un refrán popular. Esta decisión del Alcalde Dio Astacio es contraria a lo establecido en la Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios en el artículo 6 letra K que de manera inequívoca dice: “Equidad Social. En el ejercicio de sus competencias los ayuntamientos en todas sus iniciativas priorizarán los grupos socialmente vulnerables, garantizándole el acceso a oportunidades para la superación de la pobreza”. Este anuncio choca con el derecho a la igualdad establecido en el artículo 39 de la Constitución de la República Dominicana que dice: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal”. Pero para se más claro, el numeral 1 del citado artículo establece: “La República condena todo privilegio y situación que tienda a quebrantar la igualdad de las dominicanas y los dominicanos, entre quienes no deben existir otras diferencias que las que resulten de sus talentos o de sus virtudes”.

Y tener “mayor capacidad económica” no constituye un talento o virtud que establezca diferencia para tener acceso a una obra pública, sea esta del gobierno central o de los ayuntamientos. De manera que, hay que rechazar este proyecto de construir dos tipos de osario, porque diferencia las personas por su capacidad económica, lo cual es contrario a la Constitución y a la misma ley que norma los municipios y el gobierno municipal. Es importante que los sectores progresistas de Santo Domingo Este se pronuncien al respecto, que los ciudadanos y ciudadanas de este municipio reclamen sus derechos, que no solo son insultados por el Alcalde Dio Astacio, sino que establece privilegios contrario al derecho a la igualdad.

¿Reforma constitucional para qué? Para blindar y ampliar derechos

Por Gregorio Moya E.

La realidad dominicana nos dice que es necesario avanzar en mecanismos para garantizar derechos ya establecidos en la Constitución vigente.

Si hay que hacer reformas, estas deben versar en blindar y ampliar los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales, del pueblo dominicano. Si no es para eso, la reforma constitucional no sirve para nada.

La reforma constitucional debe servir para asegurar la igualdad entre los géneros y el respeto a la diversidad. Si es para reforzar el patriarcalismo y las distintas formas de dominación en la familia, las instituciones, los medios productivos, entonces es contraproducente una reforma constitucional.

Si no es para reforzar la sostenibilidad ambiental y la protección de la naturaleza y conferir al Estado y al Gobierno las obligaciones y marcar las tareas para ello, entonces, no a la reforma. La reforma constitucional debe ser para que el Estado tenga como función principal, la de asegurar las bases materiales para el ejercicio de los derechos fundamentales, los mecanismos institucionales para hacer expedito la satisfacción de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas.

Y para lograr esto es necesario que el pueblo se constituya en fuerza para sí, que identifique sus propios intereses, que canalice las formas de exponerlos y defenderlos. Es decir, es necesario el poder constituyente desde abajo, desde el pueblo. Ese poder constituyente se conforma y configura paralelo al existente, con capacidad de presión para imponer al poder constitucional las medidas y transformaciones necesarias. Ese camino si garantiza una reforma constitucional que responda a las necesidades y aspiraciones del pueblo dominicano.

El problema son los privilegios, no la cantidad de diputados

Por Gregorio Moya E.

Según crónica de Diario Libre del 12 de junio de este 2024, en los primeros cinco meses de este año 2024, el Congreso Nacional gastó 2,251,387,247.50 de pesos en remuneraciones, dietas, gastos de representación, sobresueldos y contribuciones a la Seguridad Social. Esto equivale al 70 % del presupuesto de la Cámara de Diputados y el Senado. Estos son gastos improductivos, que parasitan el dinero producido por el pueblo dominicano, y mal gastado en lo que podríamos llamar estafa o robo legal. En la misma crónica firmada por Ismael Hiraldo, se dice que “la mayor parte de los 2,251,387,247.50 de pesos ha sido dedicada a remuneraciones, gastos de representación y dietas, según el desglose donde figuran 103,962,583 pesos en dietas y gastos de representación; 258,200,666.80 pesos en gratificaciones y bonificaciones; 122,804,792.10 pesos en sobresueldos; 410,893, 853.70 pesos en contribuciones a la seguridad social y 1,355,525, 351.90 en sueldos y remuneraciones.

Los diputados son 190, nos salieron en el primer semestre del 2024 en 11,849,406.56 pesos cada uno, con el agravante de que aprueban las leyes sin leerlas como han admitido en varias ocasiones, en una manifestación de desvergüenza inaceptable desde el punto de vista ético. El presupuesto de la Cámara de Diputados para el 2024 asciende a 5,892,940,712, una cantidad astronómicamente desproporcionada, superior a los ministerio de deportes y de la mujer juntos, con lo cual se verifica que el problema no es la cantidad de diputados, sino los privilegios que tienen estos legisladores, que nos salen muy caros. Y resultan más dispendiosos los diputados, toda vez que se caracterizan por la irresponsabilidad, lo cual se pone de manifiesto cuando incumplen la ley de declaración jurada, que es una obligación legal, de la misma forma que no estudian las leyes que aprueban ni prestan atención a los reclamos de la mayoría de la población que dicen representar.

Recortar 20 diputados por aquí, subir unos cuantos por allá no garantiza un uso eficiente del gasto público. Para ello debe modificarse la forma y montos de remuneración privilegiada de los diputados. Eliminar los privilegios como las exoneraciones, los gastos de representación y bonificaciones que no se ganan la gran mayoría por el escaso trabajo que realizan. Eliminar privilegios es lo que corresponde para actuar no solo con eficiencia, sino también con justicia.

Volver al trabajo de masas, a la osadía catorcista, emepedeísta y de los palmeros

Por Gregorio Moya E.

La izquierda revolucionaria cometió muchos yerros, yerros que le ha costado casi su existencia. Osadía, audacia, intrepidez, valor, valentía, asumir riesgos. Características actitudinales de un compromiso manifiesto y consciente. Ir a los barrios, campos, fabricas escuelas y universidades, incluso cuarteles y fortalezas, también iglesias conocieron las voces de la izquierda. Al pueblo, a las masas le hablaron los comunistas, le llevaron su Libertad con Nuestra Palabra, con Fuerza Socialista y con el Popular, hasta espertad era un llamado y un discurso directo, físico, concreto.

Sin dudas, una característica que distinguía a los izquierdistas era el trabajo de masas y la osadía. Osados fueron los que constituyeron el 14 de junio en enero del 60 del pasado siglo, con el propósito de descabezar la dictadura con un programa de gobierno democrático, popular y revolucionario. Osadía acompañada con el trabajo clandestino que logro enrrolar un contigente político importante.

Osadía fue la del MPD que se planteó la política de lucha interna o Trujillo siempre, con el firme propósito de desplazar la tiranía poniendo en movimiento el pueblo dominicano y sus inmensas energías constreñidas por la fuerza y el poder, pero vivas, agazapadas para protegerse. Osados fueron los revolucionarios del 14 de junio, fundamentalmente, pero también los del MPD, que, ante el golpe de Estado en 1963, se fueron a las escarpadas montañas y a otros lugares a defender con su vida, la democracia que comenzó vivir y que recibió una herida de muerte el 25 de septiembre de 1963, un día que vivirá en la infamia. Pero junto con la osadía la izquierda se caracterizó por el trabajo de masas, para las masas y con las masas. Fueron y estaban en los campos y barrios, fábricas, escuelas y universidades.

Estaban con la gente, se fueron los mejores al campo, a las fábricas, reclutando mil obreros al partido, enrolando lo mejor de la juventud, creando organizaciones de mujeres, deportistas, artistas. Reclutando policías y militares para el golpe de Estado revolucionario. Los comandos clandestinos eran una suerte de linea de masas clandestina, de amplia integración de los que estaban dispuestos a luchar. Ejemplos destacados y recientes de esta línea de acción, las encontramos en Bonao con Aniana hasta sus últimos días, el Mellizo, Panam, Fidelio y otros, así como a Francisco Santos y otros compas, con las comunidades unidas de Los Haitises y zonas aledañas. Miles de periódicos y publicaciones llegaban a las casas. Manolo instruye imprimir miles de folletos marxistas. Se formaron miles de clubes deportivos y culturales, se apoyaron asociaciones de profesionales, sindicatos y gremios, y se desarrolló toda una corriente popular en la sociedad, que es la más auténtica experiencia democrática y participativa de la que se tenga conocimiento.

Junto con la osadía de tomar las armas en las manos, en abril del 65, para reponer la Constitución de 1963, avanzaron y se fundieron con los comandos, una estructura de militar y popular, concreción del poder paralelo que construyen los pueblos en los momentos revolucionarios. Hoy día persisten los revolucionarios en la osadía, pero con muy poco o casi nada de trabajo de masas. Se convocan a luchas a través de las redes y los medios de comunicación. Los contactos directos con la población ha casi ha desaparecido. El volante que arma y amplia el discurso y la propuesta está ausente. El afiche trazado con pinceles con pintura positiva (roja, negra y azul) no se ve en las calles. Las brigadas con Hablan los Comunistas, Fuerza Socialista, Despertad ya no se ven en los barrios, en las puertas de las fábricas. Ya no llega Libertad. Primero fue vociferada Libertad en la capital, llenando de expectación a quienes escuchaban ese reto a la tiranía, la misma Libertad que continuó en los 12 años, que se entregaba persona a persona, de manera clandestina ya no está. Libertad, Lucha, periódicos revolucionarios que persisten lo puedes ver en las redes. Tiro al blanco llega a grupos, oficinas y sectores. Estas publicaciones no se dirigen a las masas.Las brigadas o esfuerzos concentrados han desaparecido prácticamente. Siendo así, la izquierda está ausente, no propagandiza, no educa, no organiza y no agita. No hay trabajo de masas, aunque insiste en una actitud y comportamiento osado en los sectores revolucionarios Hay que volver a la osadía y al trabajo de masas para recomponer y relanzar un proyecto verdaderamente popular y revolucionario en el país.

Notas sobre reforma fiscal

Por Gregorio Moya E.

“Únicamente la política fiscal proletaria puede atacar la plusvalía sin ningún miramiento, únicamente ella puede obtener por la vía del impuesto todas las sumas que las clases capitalista invierte hoy en los empréstitos interiores y exteriores, y aún puede exigir bastante más sin perjudicar el desarrollo de la industria ni desmentir la capacidad de consumo de la burguesía”. Karl Kaustky.

1. A quién se imponen los tributos en esta sociedad, al capital o al trabajo, es resultado de la correlación de fuerzas de los clases y sectores sociales, en fin, de la lucha de clases. Los capitalistas han logrado trasladar los impuestos a los salarios, al consumo que es en una alta proporción consumo vital (alimentos, vivienda, y servicios básicos). Los impuestos deben comprenderse como una de las formas de apropiación del valor generado por el trabajo en su forma de excedente, pero que, si traslada al consumo vía impuestos indirectos, reduce el mismo protegiendo el excedente o plusvalía que se apropian los capitalistas.

2. Todo valor generado en la economía (valor agregado) es producto del trabajo. La Constitución de la Nación Dominicana establecía en el artículo 2 que "la existencia de la nación dominicana se fundamenta principalmente en el trabajo; este se declara como base primordial de su organización social, política y económica...". De manera que, esta visión avanzada socialmente del trabajo es consistente con lo más avanzado de la teoría y la ciencia económica. Y por tanto, la política fiscal debe proteger ese fundamento de la nación dominicana que es el trabajo. 3. Un aspecto central del debate fiscal debe incorporar la inequidad de ingresos la situación de la alta concentración del ingreso y la riqueza del país que son alarmantes y que es la causa de la inequidad.

4. La política fiscal es una herramienta de recaudación y gasto, por lo que la reforma fiscal, debe ser integral, comprender el ingreso y el gasto público, comprendiendo que este es el mecanismo para atender las necesidades de la sociedad, a través de la inversión social. 5. La reforma fiscal debe pues apuntar a la redistribución de la riqueza orientada a la reducción de la inequidad y las desigualdades económicas y sociales. 6. Una fiscalidad justa es el mecanismo idóneo para satisfacer los derechos económicos, sociales y culturales de la población, un mecanismo que debe combatir la pobreza y la inequidad. 7. Incluir mecanismos de transparencia fiscal, que no se quede en el enfoque formal de informes públicos sobre las finanzas públicas y la gestión de la misma. Que incluya la formación de la fiscalidad: lo que pagan los distintos sectores, clases y grupos sociales y de la población, la publicidad de quienes cometen delitos fiscales, sobre todo los grandes delitos fiscales que afectan significativamente el fisco. 8. Hay una profunda asimetría de la información y conocimiento de la realidad fiscal, toda vez que la misma se concentra en los grandes empresarios y el gobierno, asimetría de la información que contribuye a la corrupción, la evasión y la pérdida de recursos públicos. 9. Las exenciones no han mostrado eficiencia, y se ha visto que se orientan a inversiones de alta rentabilidad, y desfavorecen inversiones claves para el desarrollo que no se benefician de exenciones.

10. Equidad fiscal, como plantea la CEPAL: Progresividad, es decir, cuando los contribuyentes con mayor capacidad de pago, pagan proporcionalmente más impuestos, es lo que se denomina también equidad vertical. La equidad contempla también la llamada equidad horizontal cuando los contribuyentes con igual capacidad de pago pagan el mismo impuesto, lo cual responde a la justicia fiscal. 11. Impuestos al lujo. Es necesario gravar aquellos activos de lujo como automóviles de alto valor, jets privados y yates. 12. Modificar la escala del ISR, aumentando las exenciones de los asalariados y aumentando la carga de los que tienen altos ingresos. 13. Las exenciones a la inversión de capital manteniendo impuestos a la clase trabajadora es un insulto, es injusto y perverso. 14. Mantener exenciones a empresas de zona franca, turismo y otros sectores, mientras los trabajadores y los sectores empobrecidos cargan con los impuestos a través del consumo debe eliminarse. “O to toro, o to vaca”. O todos pagamos o se rompe la baraja. 15. Las exenciones fiscales de los actuales incentivos tributarios a determinados sectores de la economía significa pérdida de recaudación por inversiones que se habrían realizado incluso sin los incentivos y por mayor elusión/evasión, mayor complejidad de los sistemas tributarios Incremento de los costos de administración y cumplimiento, menor transparencia de la política fiscal, distorsión en la asignación de recursos, competencia fiscal nociva entre jurisdicciones y pérdida de equidad horizontal y vertical . 16. El gasto tributario alrededor de los años 2016-2019, representa el 36,1% del total de recaudación por Personas. Un sacrificio del Estado que limita su capacidad para invertir en las necesidades sociales y en el desarrollo. Este gasto tributario para el país representó en 2019 el 5.1% del PIB como se puede observar en el cuadro elaborado por CEPAL/OXFAM 2019 en estudio citado. 17. El Banco Mundial (2017) estableció que, en República Dominicana, en el período 2006-2015, la exención del 100 % del IRPJ para empresas en Zonas Francas Empresas y trabajadores en zonas francas no es costo-eficiente para promover el empleo. Toda vez que, las empresas en Zonas Francas crean 3 veces más empleo que las otras empresas, pero cada empleo cuesta 5 veces más en términos de ingresos que se dejan de percibir. La proporción entre el costo fiscal de cada empleo creado y el ingreso promedio por trabajador es de 10 a 1, muy superior al coeficiente de 7 a 1 del régimen impositivo estándar. (CEPAL/Oxfam Los incentivos fiscales a las empresas en América Latina y el Caribe, citado) 18. Guaridas o refugios fiscales, definidos por la RAE, en sustitución de paraíso fiscal, como “territorio caracterizado por su baja o nula tributación, la ausencia o escaso número de convenios para evitar la doble imposición y la falta de un efectivo intercambio de información fiscal con otros Estados”. El tema del traslado de trasladar las ganancias obtenidas en el país hacía refugios fiscales para no pagar impuestos. Hay que gravar la riqueza acumulada y colocada en refugios fiscales. Recordemos los papeles de Panamá. 19. El enfoque de los sectores trabajadores y populares en relación a la fiscalidad debe apropiarse del concepto de contribución más que de impuesto, toda vez que contribución no se queda en el aspecto monetario de pago, sino de aporte a la sociedad. Ejemplo de ello es el trabajo de cuidado que es una contribución no contabilizada que favorece la sociedad y la economía en sentido general. 20. Dar prioridad a enjugar el déficit social y ecológico, por delante de la reducción del déficit fiscal .

Notas al Informe preliminar Panel de Expertos de la ONU - Elección presidencial de Venezuela del 28 de julio de 2024

Por Gregorio Moya E.

Circula en medios digitales el Informe preliminar Panel de Expertos de la ONU - Elección presidencial de Venezuela del 28 de julio de 2024 . Este documento de cuatro páginas y 16 párrafos numerados, fechado el 9 de agosto es un insumo de gran valor para analizar la crisis post electoral de Venezuela, y presentamos algunas notas críticas a este documento. 1. El CNE invitó un panel de expertos de la ONU a las elecciones del pasado 28 de julio, lo que muestra que la celebración de dichas elecciones estuvo abiertas a la observación y seguimiento de organismos internacionales. Que es falso que los observadores o veedores internacionales estaban prohibidos como se quiso presentar a la opinión pública mundial.

2. Lo que resulta extraño para mí como lector del informe es que su asistencia a las elecciones se produjera por invitación del CNE, que es el poder electoral de Venezuela, y que “su objetivo es reportar internamente al Secretario General de la ONU”. 3. Resulta extraño que el reporte preliminar del panel de expertos de la ONU, que era interno para el Secretario General esté en la prensa, y que junto con este reporte al Secretario General, no se haya hecho un reporte al que los invitó. 4. La presencia de un panel de expertos de la ONU muestra con claridad la importancia geopolítica de la crisis en Venezuela, y que ese panel de experto tenía como objetivo “dar seguimiento y reportar internamente al Secretario General de la ONU sobre el proceso electoral, y hacer recomendaciones para futuras mejoras. 5. El panel de expertos, que, según el mismo informe, sus “conclusiones preliminares, centradas en el día de la elección y en la gestión y anuncio de los resultados”, incluye informaciones sobre el período electoral, en la que repite lo que dice la oposición, los gobiernos de países afines a la oposición venezolana y la gran prensa. 6. En el punto 8 del informe del panel de experto se da cuenta de la confiabilidad del sistema de votación electrónica en Venezuela, lo cual era cuestionado por la oposición al gobierno venezolano, tanto interna como internacional. Pero este reconocimiento de la confiabilidad por el panel de experto se coloca como antecedente para poner en duda la denuncia del presidente del CNE, como lo hace en el punto 9 al decir que “un ciberataque terrorista había afectado la transmisión y había causado un retraso en el proceso de tabulación”. Es decir, el informe lo que busca es desacreditar el CNE. sembrando dudas, sin evidencias, siendo este el organismo electoral de Venezuela, que tiene la autoridad para establecer los resultados. 7. En el punto 11, el Panel dice que “recibió varios informes de que se había impedido a los agentes de los partidos de oposición obtener dicha copia. Además, a pesar de garantizar que lo haría, el CNE no ha publicado estos protocolos de resultados (actas)”. Pero el CNE debió decir que públicamente la oposición informó que tenía el 80% de las actas. Debió decir que la ley electoral establece un plazo de 30 días al CNE para publicar los protocolos de resultados. 8. Vemos que el panel de expertos de la ONU, como tales no asumen la cantaleta de que se presenten las actas, pero exige que se presenten los protocolos de resultados, con lo cual refuerza la posición opositora, nacional y extranjera, independientemente de lo que dice el ordenamiento legal venezolano en materia electoral. 9. El panel resume su labor considerando que “el proceso de gestión de resultados por parte del CNE no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para la realización de elecciones creíbles”. No hay dudas de que el panel de expertos está parcializado. 10. La parcialización del panel de expertos de la ONU es evidente cuando dice que no se “siguió las disposiciones legales y regulatorias nacionales, y todos los plazos establecidos fueron incumplidos”, sin mencionar las disposiciones legales y regulatorias, con lo cual dicho informe, más que preliminar, es un informe sesgado por la parcialización. 11. El Panel tomó nota de los informes que afirman que más de 20 personas murieron, incluyendo un soldado por las protestas. Pero el panel de experto no recibió informes de personas que fueron presentados como asesinados, con nombre y apellidos que horas después se presentaron para desmentir su muerte. Esto quiere decir, que se toma nota de denuncias, no se corroboran y se presentan como notas en un informe. 12. Finalmente, en el último párrafo, el panel de experto admite que “Las autoridades venezolanas cooperaron y apoyaron el despliegue del Panel. El Panel pudo interactuar con una amplia gama de interlocutores y siguió las principales etapas del proceso electoral. El Panel también mantuvo un diálogo constructivo e intercambios positivos con el CNE hasta el cierre de las urnas el 28 de julio. Después de ese momento, el Panel, lamentablemente, y a pesar de una solicitud enviada por nota verbal, no pudo reunirse con la Junta Directiva del CNE antes de su partida.” Nueva vez, el panel introduce la duda sobre las autoridades electorales, señalando que fue hasta el cierre de las urnas que hubo cooperación del CNE, porque no pudo reunirse con ese organismo antes de su partida, como si fuera un protocolo establecido o una norma o ley que este panel de experto tenía que reunirse con el CNE. 13. En medio de una denuncia de ataque cibernético, de la presión en estas elecciones ese panel de expertos se queja de que el CNE no se haya reunido con ellos, teniendo muchas prioridades y una emergencia por el conflicto político venezolano, de alcance geopolítico. 14. Este panel de expertos es parecido a los expertos que visitaron a Irak y certificaron que este tenía armas de destrucción masiva, para justificar una invasión militar como la ocurrida. 15. Este panel de expertos, sin dudas es un panel parcializado, manifiestamente contrario a las autoridades venezolanas, que es invitado por un organismo al que no se siente comprometido de dar un reporte,